La obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse en el centro del debate bonaerense tras la presentación de un proyecto legislativo que propone eliminar ese requisito. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Andrés De Leo, sostiene que el sistema perdió su objetivo preventivo y terminó convirtiéndose en un mecanismo de fuerte impacto económico para millones de automovilistas.
El legislador de la Coalición Cívica lanzó además una campaña de recolección de firmas para respaldar la propuesta y reclamar que la Legislatura trate el proyecto. Según explicó, la intención es poner fin a un esquema que, a su entender, dejó de priorizar la seguridad vial para transformarse en un negocio sostenido por empresas concesionarias y avalado por decisiones políticas.
Entre los principales cuestionamientos figura el costo de la VTV, que actualmente representa un gasto importante para los propietarios de vehículos. De Leo afirmó que los valores vigentes, que según indicó oscilan entre los $97.057 y los $174.604 según la categoría del rodado, resultan excesivos para la realidad económica de muchas familias y terminan funcionando como una carga anual difícil de afrontar.
Otro de los ejes del proyecto apunta a la eficacia del sistema. El diputado sostiene que no existen estadísticas concluyentes que demuestren que la obligatoriedad de la VTV haya producido una disminución significativa de la siniestralidad vial. Desde esa perspectiva, considera necesario revisar un mecanismo que implica un costo elevado sin evidencias claras sobre su impacto preventivo.
La iniciativa también pone el foco en el estado de la infraestructura vial bonaerense. Según el legislador, resulta contradictorio exigir vehículos en óptimas condiciones cuando numerosas rutas y caminos presentan baches, falta de mantenimiento, escasa señalización y otros problemas que, asegura, representan factores determinantes en la ocurrencia de accidentes de tránsito.
De Leo argumenta además que el sistema terminó adquiriendo un carácter predominantemente recaudatorio. En ese sentido, sostiene que la obligación de realizar la verificación constituye un “impuesto encubierto” que grava el derecho a circular, sin que los recursos recaudados se traduzcan en mejoras visibles sobre la red vial o en mayores niveles de seguridad para los usuarios.
El debate, sin embargo, enfrenta posiciones contrapuestas. Especialistas en seguridad vial suelen remarcar que las inspecciones técnicas permiten detectar fallas mecánicas en frenos, dirección, neumáticos, suspensión, luces y otros componentes cuya deficiencia puede incrementar el riesgo de siniestros. Además, organismos internacionales consideran que el mantenimiento preventivo forma parte de una estrategia integral junto con infraestructura, controles y educación vial.
Mientras la campaña de firmas busca sumar respaldo ciudadano, el proyecto deberá recorrer el tratamiento legislativo para definir si logra avanzar. La discusión promete instalar nuevamente el equilibrio entre los costos que enfrentan los conductores y las políticas públicas destinadas a reducir los riesgos en las rutas, un tema que continúa generando opiniones divididas entre dirigentes, especialistas y usuarios.
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