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Aprueban la Ley Joaquín para prevenir tragedias en espacios recreativos

La provincia de Buenos Aires dio un paso trascendente en materia de prevención al sancionar la denominada Ley Joaquín, una norma que establece por primera vez obligaciones específicas para garantizar la seguridad de arcos deportivos, juegos infantiles y estructuras recreativas instaladas tanto en espacios públicos como privados. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura bonaerense y ahora aguarda su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

La legislación surgió a partir de la conmoción generada por la muerte de Joaquín Stefano Gatto, de 12 años, quien perdió la vida el 5 de enero de 2026 cuando un arco de fútbol sin anclaje cayó sobre él durante un campamento en la provincia de Neuquén. El caso impulsó a su familia a promover una campaña para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse en cualquier punto del país.

El proyecto, impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, parte de una premisa contundente: estos accidentes son evitables mediante controles periódicos, mantenimiento adecuado y sistemas de fijación seguros. La norma busca transformar esa prevención en una obligación legal para todas las instituciones que cuenten con equipamiento recreativo o deportivo destinado al uso de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Entre las principales disposiciones figura la obligación de anclar al suelo todos los arcos deportivos que superen los 20 kilogramos mediante sistemas permanentes o removibles. También deberán incorporarse contrapesos en los aros de básquet móviles, almacenar correctamente los elementos desmontables y colocar protecciones acolchonadas en columnas, postes, paredes y otras superficies que puedan ocasionar lesiones durante la práctica deportiva.

El alcance de la ley es amplio e incluye escuelas, jardines de infantes, clubes, sociedades de fomento, campamentos, plazas, colonias de vacaciones, polideportivos y cualquier establecimiento público o privado que disponga de juegos o estructuras deportivas. La intención es unificar criterios de seguridad en todos los ámbitos donde concurran menores y familias para realizar actividades recreativas.

Uno de los aspectos más relevantes incorpora inspecciones técnicas obligatorias. Profesionales matriculados deberán verificar periódicamente el estado de las instalaciones y emitir un certificado de aptitud que tendrá que exhibirse en un lugar visible de cada establecimiento. De esta manera, la seguridad dejará de depender únicamente de controles ocasionales y pasará a formar parte de una supervisión permanente.

La nueva normativa también involucra a las compañías aseguradoras, que deberán exigir el cumplimiento de estas condiciones antes de otorgar cobertura a las instituciones. Paralelamente, los municipios serán la autoridad de aplicación, con facultades para realizar inspecciones, promover campañas de concientización, coordinar acciones preventivas y aplicar sanciones económicas ante los incumplimientos.

Las instituciones dispondrán de un plazo de un año desde la reglamentación para adecuar sus instalaciones, con la posibilidad de solicitar una única prórroga por un período equivalente. Ese tiempo permitirá adaptar progresivamente la infraestructura existente sin interrumpir las actividades deportivas y recreativas, priorizando la incorporación de medidas que reduzcan riesgos.

Los fundamentos del proyecto recuerdan que la muerte de Joaquín no fue un hecho aislado. Desde 2007 se registraron numerosos accidentes fatales en distintas provincias argentinas por la caída de arcos deportivos sin fijación, con víctimas de diferentes edades. En la mayoría de los casos se trató de niños que simplemente jugaban cuando una estructura inestable se desplomó sobre ellos.

La Ley Joaquín también toma como referencia estándares internacionales ya vigentes en países europeos, especialmente Francia, donde existen normas específicas para la instalación y mantenimiento de porterías y otras estructuras deportivas. Con esta legislación, Buenos Aires incorpora criterios modernos de prevención y busca convertir los espacios recreativos en ámbitos significativamente más seguros para toda la comunidad.

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