Desde el lunes 19 y hasta el viernes 23 de octubre está previsto que comience en Bahía Blanca el juicio oral y público contra María Marta Corrado, reconocida abogada, ex fiscal provincial y ex diputada bonaerense, acusada del delito de estafa en una causa vinculada a la sucesión del contador Adolfo José Luis Herro, asesinado en Cariló en 2005. El expediente involucra bienes que, según la acusación, correspondían a su único heredero.
El debate será presidido por la jueza María Mercedes Rico, titular del Juzgado Correccional N.º 2. La imputación sostiene que Corrado participó de maniobras destinadas a desapoderar la herencia de Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, hijo reconocido judicialmente de Herro y único heredero universal, quien debía recibir los bienes que integraban el acervo sucesorio dejado por su padre tras su fallecimiento en la localidad balnearia.
Según la investigación, tras el crimen un grupo de familiares y allegados habría vaciado rápidamente el acervo sucesorio para impedir que Labastía accediera a la herencia. Corrado, ex esposa de …
… Eugenio Herro, habría adquirido uno de los conjuntos de bienes y luego lo habría comercializado, conforme al planteo fiscal que dio origen a la elevación de la causa a juicio oral y público ante el tribunal.
El expediente se originó en 2005, pero avanzó con lentitud durante años. Corrado tuvo fueros primero por su condición de integrante de la Justicia y luego por su cargo de diputada provincial. En 2022, seis integrantes y allegados de la familia Herro que habían llegado a juicio fueron absueltos por falta de prueba suficiente del delito de estafa, aunque la causa contra ella continuó su curso procesal.
Corrado también es conocida en la región por su intervención, como fiscal, en el caso que involucró a la ex periodista suarense Estefanía Heit y su pareja Jesús Olivera por el secuestro de Sonia Molina, denunciado en 2012. La causa terminó, en 2014, con condenas de 13 y 18 años de prisión para los acusados, mientras que Corrado luego abandonó la función pública judicial para dedicarse a la política provincial.
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