El especialista en seguridad ciudadana y antiterrorismo urbano Daniel Adler advirtió sobre las vulnerabilidades de las fronteras argentinas y el avance de las organizaciones criminales. En una entrevista con RADIO REALPOLITIK FM, cuestionó la falta de voluntad política para enfrentar el delito y señaló que las bandas internacionales suelen asociarse con grupos locales para desarrollar sus actividades y establecer redes de logística dentro del país.
Adler sostuvo que el país presenta importantes debilidades en el control de sus límites territoriales. “Argentina tiene fronteras muy porosas. Hay cuatro triples fronteras y hay más de mil pasos ilegales fronterizos”, afirmó. Según explicó, estas condiciones representan un desafío para las autoridades, porque facilitan la circulación de personas y mercancías fuera de los controles establecidos y pueden ser aprovechadas por estructuras delictivas con conexiones internacionales.
El especialista remarcó que las organizaciones criminales internacionales no necesariamente operan de manera aislada, sino que buscan socios locales para garantizar logística, contactos y capacidad de movimiento. En ese esquema, advirtió que el narcotráfico puede relacionarse con otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el tráfico de armas y la explotación sexual, con consecuencias especialmente graves para las poblaciones socialmente vulnerables.
Durante la entrevista, Adler alertó sobre las estrategias que utilizan las organizaciones para captar personas en contextos de necesidad económica o dependencia. Señaló que el narcotráfico puede avanzar sobre las economías populares mediante mecanismos que generan dependencia, como el consumo problemático de sustancias y los préstamos informales. Para el especialista, enfrentar estas redes requiere comprender que el delito también se alimenta de situaciones de exclusión social.
Otro de los aspectos cuestionados fue la posibilidad de que se continúen planificando delitos desde las cárceles. Adler criticó la falta de controles sobre el uso de teléfonos celulares por parte de personas detenidas y afirmó que “el 65 por ciento de la planificación criminal es intracarcelaria”. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la vigilancia penitenciaria para impedir que las organizaciones mantengan sus operaciones desde los establecimientos de detención.
Adler también cuestionó el funcionamiento de los servicios de inteligencia argentinos y sostuvo que sus recursos deberían concentrarse en anticipar amenazas y desarticular organizaciones delictivas. A su entender, la inteligencia debe cumplir una función preventiva, basada en la recopilación de información y la identificación temprana de riesgos, en lugar de destinar esfuerzos a disputas políticas. El especialista reclamó mejorar la coordinación y fortalecer las herramientas disponibles para investigar.
En relación con las investigaciones, el entrevistado describió el uso de redes de colaboradores que aportan fotografías, videos, audios y ubicaciones para detectar situaciones sospechosas. Sin embargo, cuestionó las demoras en las respuestas judiciales y consideró que la velocidad con la que actúan las organizaciones criminales contrasta con la lentitud de los procedimientos. Para Adler, la prevención exige que la información útil se traduzca en investigaciones oportunas y acciones concretas de las autoridades.
El planteo del especialista no se limitó al control fronterizo ni al accionar policial. Adler sostuvo que una política de seguridad eficaz debe complementarse con medidas de inclusión, educación y generación de oportunidades laborales. Propuso fortalecer las escuelas de oficios, los clubes y las instituciones comunitarias, con el objetivo de ofrecer alternativas concretas a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y reducir las posibilidades de que sean captados por las redes criminales.
En materia penitenciaria, también propuso impulsar programas de capacitación y trabajo para las personas privadas de la libertad. Entre las actividades mencionó la reparación de vehículos, el mantenimiento de escuelas y hospitales y la confección de uniformes. Según explicó, estas iniciativas podrían contribuir a desarrollar habilidades laborales, promover la reinserción social y generar una devolución a la comunidad, siempre dentro de un esquema organizado de formación y trabajo.
Finalmente, Adler advirtió sobre la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan y el riesgo de que sean incorporados a circuitos delictivos. Durante la entrevista mencionó una cifra de 4,1 millones de personas al referirse a esa problemática. El especialista reclamó políticas sostenidas que combinen seguridad, educación y empleo, y concluyó que brindar oportunidades constituye una herramienta fundamental para prevenir el avance de las organizaciones criminales.
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