Reclaman el fondo que debía evitar inundaciones y terminó financiando al Tesoro

… por la norma. La ley vincula el dinero con obras hidráulicas y servicios relacionados, una condición que Buenos Aires invoca para reclamar ejecución frente a la paralización o demora de proyectos.

La normativa, no obstante, contempla que los recursos líquidos del fideicomiso puedan invertirse transitoriamente en depósitos a plazo fijo de bancos oficiales nacionales. Durante la administración de Javier Milei, esa posibilidad se amplió en la práctica mediante colocaciones en títulos de deuda del Tesoro. Para especialistas consultados por Chequeado, esto otorga liquidez al Gobierno nacional mientras las obras permanecen pendientes.

La economista Sofía Grassi, integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, explicó que la operación funciona como un financiamiento al Tesoro: los ingresos se perciben, pero el gasto asociado no se realiza y el dinero se invierte en instrumentos estatales. Según su análisis, eso puede facilitar el pago de vencimientos de deuda o la acumulación de reservas, aunque no constituya necesariamente financiamiento directo del déficit.

El Gobierno sostiene que la inversión financiera forma parte de la administración de la liquidez y de la estrategia de equilibrio fiscal. La controversia surge porque el rendimiento o la disponibilidad de esos instrumentos no reemplaza la obligación material de ejecutar obras. Para las provincias, la discusión no es sólo contable: el atraso en canales, desagües y defensas aumenta la exposición ante lluvias extraordinarias.

Buenos Aires prepara su propio operativo preventivo mientras reclama una respuesta nacional. El plan provincial anunciado para enfrentar el fenómeno de El Niño contempla coordinación con los 135 municipios, sensores, maquinaria y asistencia, con una inversión estimada en $2,3 billones. Kicillof también cuestionó que existan recursos nacionales acumulados sin aplicación suficiente en infraestructura hídrica.

La tensión se profundiza por la distribución de responsabilidades. La Nación afirma que las provincias y los municipios tienen el papel principal frente a una eventual emergencia y que el Estado nacional sólo debe brindar apoyo. Desde Buenos Aires, en cambio, señalan que el Gobierno central administra un fondo creado específicamente para obras de prevención y que esa finalidad no puede quedar subordinada a necesidades financieras generales.

El caso expone así una contradicción entre recaudación y ejecución. El impuesto continúa ingresando cada vez que se cargan combustibles, pero una parte de los recursos asociados a la infraestructura hídrica se mantiene invertida en Letras, plazos fijos o depósitos. La discusión pendiente es si esa administración transitoria respeta el mandato de afectación específica cuando se prolonga y coincide con obras demoradas.

Para Buenos Aires, el reclamo se vuelve urgente por la proximidad de una temporada que podría traer lluvias intensas y desbordes. Para la Nación, el conflicto se inscribe en una política de restricción del gasto y preservación del superávit. En el medio quedan los proyectos hidráulicos, los municipios que esperan financiamiento y una pregunta concreta: cuándo el dinero reservado para prevenir inundaciones se convertirá efectivamente en infraestructura.