Una nueva ofensiva sobre las tasas municipales llegó a la Legislatura bonaerense. Los bloques de La Libertad Avanza impulsan cambios a la Ley Orgánica de las Municipalidades para exigir que cada tasa tenga un servicio concreto como respaldo y que exista una relación razonable con su costo. La propuesta alcanza a los 135 distritos y profundiza una discusión que ya enfrenta a libertarios, intendentes y sectores productivos.
Los proyectos atribuidos al senador Carlos Curestis y al diputado Pablo Morillo plantean mayores requisitos para crear o modificar tributos locales. Entre ellos aparece la presentación de una memoria técnica de costos, que debería ser considerada por el Concejo Deliberante. También se contempla que una tasa pueda resultar inexigible cuando el servicio que le da fundamento no sea efectivamente prestado por el municipio.
El planteo se apoya además en antecedentes judiciales. La Corte Suprema ha sostenido que una tasa requiere una prestación concreta, efectiva e individualizada y que debe existir una vinculación razonable con el servicio. En septiembre, La Nación repasó recientes decisiones que vuelven a colocar estos criterios bajo análisis y señaló que los municipios deberán revisar la prestación, cuantificación y prueba de los servicios asociados a sus tasas.
La discusión, sin embargo, no se reduce a determinar si una tasa tiene o no un servicio detrás. Los municipios utilizan estos recursos para financiar prestaciones locales y sostienen que su estructura tributaria debe contemplar el costo de servicios que reciben los vecinos y las actividades económicas. En febrero, Infobae recogió esa posición y citó al intendente de Morón, Lucas Ghi, quien defendió la naturaleza contraprestativa de las tasas.
El conflicto también tiene una dimensión económica. El Gobierno nacional habilitó en febrero un canal para reportar tasas municipales consideradas irregulares o excesivas y puso información sobre tributos locales disponible para ciudadanos. Infobae señaló que la medida generó respuestas de intendentes, quienes plantearon que la caída de la actividad y de la recaudación afecta las finanzas municipales. El debate combina presión fiscal y recursos.
La Libertad Avanza ya había trasladado esta discusión a los concejos deliberantes. La Nación informó en marzo que el espacio presentó iniciativas para eliminar o reducir más de un centenar de tasas en municipios donde cuenta con representación. Posteriormente, 0221 consignó que Sebastián Pareja habló de 269 proyectos impulsados por concejales libertarios. Las cifras corresponden a relevamientos del propio espacio y no equivalen a normas aprobadas.
Un aspecto sensible del debate será determinar cómo se aplicaría el principio de proporcionalidad. Exigir que un municipio identifique el servicio y justifique sus costos puede aportar información sobre el destino de los recursos, pero también abre interrogantes sobre cómo calcular prestaciones generales o difíciles de individualizar. La jurisprudencia citada por La Nación muestra que esa discusión ya llegó a tribunales y continúa delimitándose.
Con los proyectos, LLA intenta llevar una disputa que comenzó en los municipios al ámbito legislativo provincial. La iniciativa todavía debe atravesar el debate parlamentario y, eventualmente, definir su compatibilidad con las competencias municipales. La cuestión queda planteada: cómo asegurar que el vecino conozca qué servicio financia cada tasa y, al mismo tiempo, preservar la capacidad municipal para sostener las prestaciones a su cargo.
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