El caso “Chocolate” Rigau vuelve a tensionar la relación entre la Legislatura bonaerense y la Justicia. El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio presentó una denuncia para que se investigue si el archivo de documentación requerida por la fiscal Betina Lacki pudo constituir un eventual encubrimiento. La presentación no implica una condena, sino la apertura de otra instancia para determinar responsabilidades.
El conflicto se originó en los pedidos de Lacki para obtener los llamados memos de propuesta de designación y contratación de unos 50 empleados cuyos haberes quedaron vinculados a las tarjetas de débito utilizadas por Julio “Chocolate” Rigau. Esos documentos podían permitir establecer qué legisladores impulsaron cada incorporación, un dato considerado relevante para reconstruir el circuito bajo investigación.
Según TN y La Nación, la Cámara de Diputados archivó los expedientes el 28 de mayo, mediante un trámite que incluyó la ratificación de actuaciones de sus autoridades. TN informó que la votación duró apenas 38 segundos y que el proyecto fue incorporado junto con miles de resoluciones administrativas. La decisión pasó inadvertida durante meses y tomó estado público recién en septiembre, tras informes periodísticos.
El episodio resulta especialmente sensible porque Atencio había ordenado previamente la entrega de los documentos, a pedido de la fiscalía. TN informó que esa orden de presentación ingresó a la Cámara el 19 de agosto, …
… cuando el archivo legislativo ya había sido aprobado. La secuencia plantea una cuestión institucional: cuál es el alcance de la colaboración cuando la Justicia requiere documentación para una investigación penal.
En ese contexto, la presentación atribuida a Atencio invoca el artículo 277, inciso 1°, del Código Penal, referido a distintas formas de encubrimiento. Corresponderá ahora a la investigación establecer si existió una conducta deliberada destinada a ocultar, alterar o impedir el acceso a información judicialmente requerida, o si el archivo respondió a una decisión administrativa sin relevancia penal. La diferencia será materia de prueba.
La causa original surgió en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido mientras realizaba extracciones con tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara. La investigación avanzó sobre un grupo de titulares de esas tarjetas y sobre las designaciones que los llevaron a figurar como trabajadores legislativos. Infobae y La Nación consignaron entonces que la Justicia buscaba determinar quiénes estaban detrás de aquel esquema.
El nuevo capítulo no resuelve la cuestión de fondo, pero vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento institucional de la Cámara baja. La documentación reclamada puede resultar decisiva para establecer responsabilidades individuales, y la denuncia de Atencio deberá analizarse con las garantías correspondientes. En un expediente de alto impacto público, la transparencia y la trazabilidad de las decisiones son centrales para despejar dudas.
Sigue a ECOS en su canal de Whatsapp y no te pierdas todo lo nuevo que este sitio publica para ti todos los días. IR AL CANAL
ENCUESTA:
NOTA: Esta encuesta es libre y se preserva la identidad del votante. El sistema toma un voto por domicilio (dirección IP), para más votantes en un mismo hogar usar plan de datos móviles en el dispositivo.
SEGUÍ A ECOS EN SUS REDES:
SITIO WEB …
FACEBOOK …
WHATSAPP …
INSTAGRAM …
THREADS …
X -TWITTER …
