La Justicia de Faltas Municipal podría quedar en el centro de una reforma institucional en la provincia de Buenos Aires. Dos proyectos impulsados por la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, plantean modificar el sistema de designación de los jueces y otorgar a los juzgados una mayor autonomía administrativa y presupuestaria, con el objetivo de reforzar su independencia frente a los gobiernos municipales.
El debate parte de un esquema vigente desde hace décadas. El Código de Faltas Municipales establece que los jueces son designados por el intendente, con acuerdo previo del Concejo Deliberante otorgado por simple mayoría. La nueva iniciativa propone reemplazar ese mecanismo por concursos públicos de oposición y antecedentes, incorporando una instancia de evaluación previa para transparentar la selección.
Según la propuesta difundida, la comisión evaluadora reuniría representantes del Colegio de Abogados del departamento judicial correspondiente, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, el Concejo Deliberante y la Asociación de la Justicia Municipal Bonaerense. El cuerpo debería elaborar una terna vinculante entre los postulantes que superen el concurso y quedaría limitada la discrecionalidad política.
El intendente conservaría la posibilidad de escoger a uno de los tres candidatos incluidos en esa terna, pero la designación necesitaría luego el acuerdo del Concejo Deliberante por mayoría absoluta. El cambio elevaría las exigencias respecto del régimen actual y buscaría que la llegada al cargo dependa también de antecedentes, oposición y evaluación de instituciones ajenas al Departamento Ejecutivo.
La segunda iniciativa avanza sobre el funcionamiento cotidiano de los Juzgados de Faltas. El personal administrativo, técnico y de maestranza continuaría siendo formalmente designado por el Ejecutivo municipal, aunque mediante una propuesta vinculante del juez. Además, esos trabajadores quedarían bajo la dirección orgánica, funcional y disciplinaria del magistrado, sin depender de instrucciones generales del Ejecutivo.
El proyecto también contempla una fuente propia de financiamiento. Los municipios deberían transferir cada año a una cuenta especial de la Justicia de Faltas, como mínimo, el 0,5% de sus recursos corrientes. Esos fondos, administrados por los propios juzgados, estarían destinados a cubrir gastos de funcionamiento, infraestructura y equipamiento, otorgando una herramienta concreta para fortalecer su autonomía.
Balor fundamentó las reformas en una posible tensión institucional: el Departamento Ejecutivo ejerce el poder de policía y puede intervenir en el labrado de infracciones, mientras conserva influencia sobre la estructura y los recursos del organismo encargado de resolver esos expedientes. Para la legisladora, separar con mayor claridad esas funciones ayudaría a resguardar el principio de imparcialidad en el ámbito municipal.
La diputada sostuvo que la iniciativa no pretende crear un “superpoder”, sino trasladar al plano municipal principios asociados a la división de funciones y a la independencia de quien juzga. La discusión ahora deberá ingresar de lleno en la Cámara de Diputados bonaerense, donde las comisiones y el debate político determinarán si estas propuestas logran avanzar hacia un eventual cambio de la legislación vigente.
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