La adjudicación de las concesiones de las rutas nacionales 3, 205 y 226 volvió a instalar un fuerte debate en el centro de la provincia de Buenos Aires. La confirmación de que durante los próximos 20 años, con posibilidad de extender el contrato por otra década, no se ejecutarán obras de infraestructura de magnitud generó preocupación entre intendentes, instituciones y vecinos que desde hace años reclaman mejoras para reducir la siniestralidad y acompañar el crecimiento productivo de la región.
El nuevo esquema concesionado establece que la empresa Corresur, integrada por Corredores Viales S.A. y firmas privadas del consorcio adjudicatario, tendrá a su cargo principalmente las tareas de mantenimiento, conservación y operación de los corredores. Sin embargo, los pliegos no contemplan proyectos largamente esperados como la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3 a la altura de Azul ni otras intervenciones estructurales solicitadas por distintos municipios bonaerenses, una decisión que despertó fuertes cuestionamientos.
Uno de los principales focos de reclamo continúa siendo Azul, donde el grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía de la Ruta 3 volvió a movilizarse durante los últimos días para mantener vigente un pedido que supera los 14 años de historia. Sus integrantes consideran que la exclusión definitiva de la duplicación de la calzada representa un duro retroceso para una obra considerada clave en materia de seguridad vial, especialmente en un tramo donde los accidentes graves se repiten con preocupante frecuencia.
Fernando Sottile, referente del movimiento vecinal, expresó públicamente su desilusión tras conocerse el contenido definitivo del contrato de concesión. Recordó que durante una reunión mantenida a fines de octubre de 2025 con autoridades de Vialidad Nacional y los intendentes de Azul y Las Flores, ya se había anticipado que la autovía no integraría el proyecto. Para los vecinos, aquella definición terminó confirmándose con la adjudicación oficial del corredor.
Los reclamos también apuntan a que las únicas mejoras ejecutadas en los últimos meses fueron trabajos puntuales de bacheo entre Azul y Cacharí, realizados luego de un amparo judicial promovido por el municipio. Aunque esas tareas permitieron reparar algunos sectores deteriorados, los vecinos sostienen que se trató de una solución transitoria que no modifica las deficiencias estructurales de una ruta que soporta un intenso tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas.
El malestar se replica en Saladillo, donde el intendente José Luis Salomón había advertido durante la audiencia pública realizada en junio de 2025 que los pliegos preliminares carecían de obras significativas. Entre los pedidos formulados figuraban la pavimentación de banquinas entre Roque Pérez y Saladillo y la construcción de rotondas en accesos estratégicos como Del Carril, Cazón y la avenida Sanguinetti, iniciativas consideradas esenciales para disminuir riesgos y ordenar la circulación.
Tras confirmarse la concesión, el jefe comunal mantuvo reuniones con representantes de una de las empresas integrantes del consorcio adjudicatario. Allí recibió la confirmación de que el proyecto de “Ruta Segura”, impulsado desde hace años por el municipio, tampoco forma parte del contrato vigente. Pese a ello, aseguró que continuará realizando gestiones ante el Gobierno nacional y Vialidad Nacional para intentar incorporar esas intervenciones en futuras revisiones del esquema concesionado.
La situación genera especial preocupación porque los usuarios continuarán abonando peajes mientras las inversiones quedarán limitadas, en principio, al mantenimiento ordinario del corredor. Esto implica conservación del pavimento, señalización, corte de pastizales y atención de emergencias, pero sin obras de ampliación, nuevas calzadas, variantes, distribuidores o mejoras de gran escala que permitan incrementar los niveles de seguridad y capacidad de circulación.
Diversos sectores sostienen que la falta de inversiones estructurales podría tener consecuencias tanto para la seguridad vial como para el desarrollo económico regional. Las rutas 3, 205 y 226 constituyen corredores estratégicos para la producción agropecuaria, el transporte de cargas, la actividad industrial y el turismo del centro y sur bonaerense, por lo que consideran indispensable acompañar el crecimiento del tránsito con infraestructura moderna y acorde a las necesidades actuales.
Mientras tanto, municipios, legisladores, entidades intermedias y organizaciones vecinales ya analizan nuevas acciones para mantener el reclamo vigente. El objetivo será insistir ante las autoridades nacionales para que, más allá de las condiciones establecidas en la concesión recientemente adjudicada, puedan incorporarse obras prioritarias que permitan reducir la accidentología y brindar una respuesta concreta a una demanda que lleva más de una década esperando convertirse en realidad.
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