La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este jueves no convocar, por el momento, a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. En cambio, la conducción sindical optó por una estrategia gradual de protestas y movilizaciones, con el objetivo de sostener la presión sobre la administración nacional sin recurrir todavía a una medida de fuerza de alcance nacional.
La decisión fue adoptada durante la reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo, donde los principales referentes gremiales analizaron el complejo escenario económico, laboral y político que atraviesa el país.
Aunque el malestar por las políticas oficiales fue un punto de consenso entre los dirigentes, la mayoría consideró que no es el momento adecuado para lanzar una huelga general, una postura que dejó en evidencia las distintas miradas que conviven dentro de la central sindical.
En las últimas semanas, dirigentes como Luis Barrionuevo y Omar Maturano habían reclamado públicamente un paro nacional de 36 horas con movilización. Sin embargo, esa propuesta no logró reunir el respaldo suficiente dentro de la conducción de la CGT.
En su lugar, la central comenzará a diseñar un cronograma de acciones que incluirá movilizaciones, protestas sectoriales, actividades de difusión …
… y campañas destinadas a visibilizar el impacto que, según sostienen los gremios, generan las políticas económicas impulsadas por el Gobierno.
La intención de la conducción cegetista es construir un proceso de acumulación de reclamos que, de ser necesario, pueda derivar más adelante en una medida de fuerza de mayor envergadura.
La reunión también dejó al descubierto las diferencias internas respecto de la estrategia sindical. Mientras algunos sectores consideran que es necesario endurecer el enfrentamiento con el Ejecutivo, otros advierten que un paro general sin un fuerte respaldo social podría perder efectividad e incluso debilitar la capacidad de negociación del movimiento obrero.
Uno de los principales ejes del conflicto continúa siendo la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. Desde la CGT sostienen que el proyecto implica un retroceso en derechos laborales históricos, mientras que la administración de Javier Milei argumenta que las modificaciones buscan incentivar la creación de empleo formal y reducir la litigiosidad laboral.
Por ahora, la central obrera optó por mantener la presión mediante una estrategia progresiva y dejó en suspenso la convocatoria a una nueva huelga general, que dependerá de la evolución del conflicto y del escenario político en las próximas semanas.
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