Este miércoles 20 de mayo se cumplen siete años de una de las páginas más oscuras, brutales y dolorosas de la historia reciente argentina: la masacre de San Miguel del Monte. Siete años de una herida que sigue abierta. Siete años de una pregunta que todavía duele: ¿cómo puede el Estado terminar persiguiendo y matando a chicos? Aquella madrugada de 2019, un Fiat 147 recorrió apenas unos minutos antes de convertirse en una escena de terror.
Dentro viajaban Danilo Sansone, de 13 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Camila López, de 13; y Carlos Aníbal Suárez, de 22. También estaba Rocío Quagliarello, entonces de 13 años, la única sobreviviente. Lo que vino después ya forma parte de la memoria colectiva argentina: policías bonaerenses iniciaron una persecución armada, dispararon contra el vehículo y provocaron que el auto terminara estrellándose contra el acoplado de un camión.
Cuatro jóvenes murieron. Rocío sobrevivió gravemente herida. Pero la tragedia no terminó en el choque. Porque lo más estremecedor de la masacre de Monte no fue solamente la violencia policial. Fue también el intento posterior de encubrirla. Durante horas se intentó instalar la versión de un simple accidente vial. Sin embargo, las pericias, los testimonios y las pruebas terminaron derrumbando el relato oficial.
Lo que ocurrió aquella noche fue una persecución ilegal, armada desde el abuso de poder y ejecutada con una ferocidad imposible de justificar. Con el tiempo llegaron las condenas. En 2023, un jurado popular declaró culpables a cuatro policías bonaerenses. Dos recibieron prisión perpetua y otros dos fueron condenados a 15 años de cárcel. Más tarde se sumaron otras condenas vinculadas al encubrimiento policial y estatal del caso.
Sin embargo, para las familias, la palabra “justicia” nunca alcanza del todo. Porque ninguna condena devuelve vidas. Ninguna sentencia devuelve abrazos. Ningún fallo judicial puede reparar el vacío de cuatro chicos que jamás volvieron a casa. Y justamente ahí aparece la dimensión más profunda y dolorosa de esta historia. La masacre de San Miguel del Monte no fue solamente un exceso policial aislado.
Fue la expresión brutal de algo mucho más grande: una cultura de violencia institucional que durante años naturalizó abusos, amenazas, persecuciones y el uso desmedido de la fuerza sobre jóvenes, especialmente en sectores populares. Monte dejó al descubierto algo que muchas veces permanecía oculto: el miedo que miles de chicos sienten frente a quienes deberían protegerlos.
Porque aquellos adolescentes no estaban armados. No habían cometido un crimen. No representaban una amenaza mortal. Eran chicos dando una vuelta en auto. Y aun así terminaron perseguidos a tiros por efectivos del propio Estado. Eso es lo que vuelve tan insoportable esta tragedia. Siete años después, el caso sigue funcionando como símbolo y advertencia.
Como recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar el abuso cuando el poder pierde límites y cuando las estructuras corporativas intentan protegerse entre sí. La propia investigación reveló entramados de encubrimiento y silencios dentro de la policía y sectores políticos locales. Por eso Monte nunca fue solamente Monte. Fue también el reflejo de muchas otras historias argentinas atravesadas por violencia institucional: gatillo fácil, abusos policiales, armado de causas, impunidad, miedo.
Y quizás el aspecto más duro sea pensar la edad de las víctimas. Danilo y Camila tenían apenas 13 años. Gonzalo, 14. Edades donde deberían existir la escuela, los sueños, los amigos, el futuro. No las balas. No una persecución policial. No un cementerio. Hoy, siete años después, las familias siguen sosteniendo la memoria con una dignidad conmovedora. Porque saben que olvidar sería permitir que todo vuelva a repetirse.
Y justamente ese es el gran desafío argentino pendiente: que la masacre de San Miguel del Monte no sea solamente una fecha de homenaje o un aniversario doloroso, sino una verdadera lección colectiva. Que nunca más un patrullero se transforme en amenaza. Que nunca más el uniforme sea usado para sembrar terror. Que nunca más el Estado persiga a sus propios chicos. Porque cuando una sociedad naturaliza la violencia institucional, el peligro deja de estar solamente en quienes disparan. También empieza a estar en quienes miran para otro lado.
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