Fuerte reclamo por fondos viales: crece la presión política sobre el Gobierno por el estado de las rutas. La tensión entre la Nación y dirigentes de la oposición sumó un nuevo capítulo este martes, con un reclamo cada vez más visible por la presunta retención de fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales. La discusión, que combina impacto económico, seguridad vial y disputa política, pone en el centro de la escena al ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionado por legisladores e intendentes.
La jornada tendrá como protagonista al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien encabezará una movilización junto a intendentes hacia el Palacio de Hacienda. El objetivo: exigir medidas concretas ante el deterioro de la red vial y reclamar la reactivación de obras paralizadas. El conflicto gira en torno a más de 1,1 billones de pesos que, según denuncian diputados del espacio Fuerza Patria, deberían haberse destinado al sistema vial nacional.
Se trata de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya legislación establece que un 28,8% debe dirigirse al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Según los legisladores, esos fondos no son de libre disponibilidad y su retención constituye una irregularidad grave. En números, sostienen que desde 2024 hasta el inicio de 2026 se acumuló una subejecución que contrasta con el visible deterioro de rutas clave en todo el país.
La advertencia también llegó desde el gobierno bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó el escenario como de “fragilidad inédita” y alertó por el impacto que podría tener en millones de usuarios. El reclamo no es solo administrativo. Detrás de la discusión presupuestaria aparece una preocupación concreta: el estado crítico de muchas rutas nacionales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Los casos recientes de accidentes fatales en corredores como las rutas 3 y 5 reforzaron el malestar social y político. Intendentes y vecinos advierten que la paralización de obras y la falta de mantenimiento están generando un escenario de riesgo creciente. El conflicto también se cruza con otra variable sensible: el precio de los combustibles.
Desde sectores opositores señalan que, mientras el valor de la nafta aumentó cerca de un 23% en los últimos meses —en parte influido por el contexto internacional—, los fondos que surgen de ese mismo consumo no se traducen en mejoras visibles. “Cada vez que se carga combustible, una parte importante va al Estado nacional, pero no vuelve en obras”, planteó Katopodis en declaraciones recientes, apuntando directamente a la gestión de Javier Milei.
La marcha hacia el Ministerio de Economía buscará amplificar el reclamo. Katopodis contará con el respaldo de más de un centenar de intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), conducida por Fernando Espinoza. Tras la concentración, está previsto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reciba a los jefes comunales, en una señal de respaldo político a la iniciativa. El reclamo por los fondos viales se suma a una serie de tensiones entre Nación y provincias en torno al reparto de recursos y la obra pública.
En este caso, con un condimento adicional: el impacto directo sobre la seguridad vial y la vida cotidiana de millones de argentinos. En un contexto económico delicado, el deterioro de las rutas deja de ser solo un problema de infraestructura para convertirse en un tema urgente de gestión y responsabilidad política. El desenlace de este conflicto marcará no solo el futuro de las obras paralizadas, sino también el tono de la relación entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales en los meses por venir.
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