Mientras el Gobierno nacional avanza en la modernización del sistema registral automotor, en la provincia de Buenos Aires persiste una falla estructural que impacta directamente en quienes compran vehículos usados: la ausencia de un historial vehicular completo y accesible. La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, con figuras como Federico Sturzenegger al frente, introdujo cambios relevantes.
La creación del Registro Único Nacional del Automotor y el Legajo Digital Único permitió digitalizar trámites, reducir costos y simplificar procesos. También se cerraron registros y se avanzó en la desburocratización del sistema. Sin embargo, el núcleo del problema sigue intacto: el sistema registra la situación legal del vehículo, pero no su historia real. Hoy, quien compra un auto en Buenos Aires puede saber si tiene deudas, embargos o pedido de captura.
Pero no puede saber si ese vehículo fue declarado destrucción total por una aseguradora, si sufrió daños estructurales graves o si su kilometraje fue alterado. La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor continúa ofreciendo informes de dominio y titularidad, pero carece de integración con bases de datos clave, como las de aseguradoras o registros de siniestros. Incluso controles obligatorios como la Verificación Policial solo certifican la identidad del vehículo, no su pasado.
El resultado es un sistema fragmentado, donde la información crítica no se cruza. Ni la Superintendencia de Seguros de la Nación ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial aportan datos al registro automotor de manera integrada. Y la provincia de Buenos Aires, pese a concentrar la mayor cantidad de transferencias del país, no cuenta con un registro propio de vehículos siniestrados.
Paradójicamente, mientras el trámite de transferencia se abarata —con un arancel reducido al 1%—, el riesgo para el comprador aumenta. El impuesto de sellos bonaerense, del 3%, incluso supera el costo registral, pero no se traduce en mayor transparencia. En este escenario, el perjuicio es claro: el comprador. Sin herramientas para conocer el historial completo, muchos descubren meses después que adquirieron un vehículo con daños ocultos o antecedentes graves.
Y cuando eso ocurre, el reclamo es lento y difícil de probar. La modernización avanzó, pero de manera incompleta. Digitalizar no es lo mismo que transparentar. Sin un sistema unificado que integre datos de siniestros, seguros, verificaciones técnicas y titularidad, el mercado de autos usados seguirá funcionando con una información parcial. Y en ese vacío, la confianza —el activo más importante en cualquier operación— queda seriamente comprometida.
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