Cada comienzo de año suele traer promesas de alivio, pero una vez más llega acompañado de aumentos que golpean directamente a quienes viven de su trabajo. El reciente incremento de los impuestos a los combustibles, oficializado por el Gobierno nacional a partir del 1° de enero, y la decisión del intendente Ricardo Moccero de aplicar una tasa municipal del 2% sobre los combustibles, exponen una práctica cada vez más habitual en la política argentina: ajustar las cuentas públicas trasladando el costo a los ciudadanos.
El aumento de los impuestos nacionales a las naftas y el gasoil se justifica bajo el argumento de la “sostenibilidad fiscal” y la necesidad de recomponer tributos atrasados por la inflación. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico se esconde una verdad simple: cada litro que se carga será más caro, y ese aumento no se detiene en el surtidor. El combustible es un insumo transversal que encarece el transporte, los alimentos, los servicios y, en definitiva, el costo de vida en general.
A este escenario ya complejo se suma la decisión de algunos gobiernos municipales, como el encabezado por Ricardo Moccero, de imponer nuevas tasas sobre los combustibles. En lugar de aliviar la presión impositiva en un contexto económico delicado, se opta por sumar otro porcentaje al precio final, afectando especialmente a quienes necesitan el auto para trabajar, a los pequeños productores y a los comerciantes que dependen del traslado diario de mercadería.
La contradicción política resulta evidente. Mientras desde el discurso se promete no aumentar impuestos y cuidar el bolsillo de la gente, en la práctica se multiplican los gravámenes con distintos nombres y niveles de gobierno. Nación, provincias y municipios parecen coincidir en una única estrategia: recaudar más sin revisar el gasto, sin mejorar la eficiencia del Estado y sin ofrecer a cambio servicios acordes al esfuerzo que se exige a la población.
El impacto es regresivo. Los impuestos a los combustibles no distinguen ingresos ni capacidades económicas: pagan lo mismo quienes apenas llegan a fin de mes que quienes tienen mayor poder adquisitivo. Además, el encarecimiento del transporte termina trasladándose a los precios, alimentando una inflación que vuelve a caer sobre los sectores más vulnerables. La política, una vez más, elige el camino más fácil. En lugar de debatir seriamente cómo reducir costos, eliminar privilegios o mejorar la administración de los recursos públicos, se apela al bolsillo del ciudadano como solución inmediata.
Así, cada aumento impositivo se convierte en un recordatorio de una deuda pendiente: gobernar no debería ser sinónimo de cobrar más, sino de administrar mejor. En tiempos donde la confianza social está debilitada, seguir cargando impuestos sobre bienes esenciales como el combustible solo profundiza el malestar. Porque al final del día, no es el Estado el que ajusta, sino las personas que pagan la cuenta.
