La entidad denunció el deterioro de la cobertura sanitaria, las deudas con profesionales e instituciones y el atraso de los aranceles. Reclamó una respuesta urgente del Gobierno nacional, una mesa de diálogo con capacidad resolutiva y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones para jubilados y pensionados. Advirtió que las dificultades de atención en el sector privado trasladan una demanda creciente a los hospitales públicos.
El pronunciamiento del Colegio advierte que la interrupción de convenios y las dificultades económicas de sanatorios y otros prestadores pueden dejar a numerosos afiliados sin atención en sus centros habituales. La entidad remarcó que la enfermedad no desaparece cuando se suspenden los servicios, sino que la demanda se desplaza hacia hospitales provinciales y municipales, cuyas guardias e internaciones ya soportan una importante presión asistencial.
Otro eje del reclamo apunta al congelamiento y retraso de los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos, además de las deudas acumuladas con profesionales e instituciones. Según el Colegio, los ingresos insuficientes frente a los costos operativos comprometen la continuidad de las prestaciones y dificultan el sostenimiento de los consultorios. La entidad cuestionó que el ajuste económico recaiga sobre quienes garantizan diariamente la atención sanitaria.
“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”, enfatizaron desde la institución. La advertencia también comprende el deterioro de las condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y las dificultades para disponer de insumos básicos. Para los médicos, este escenario no solo afecta sus ingresos y la dignidad del ejercicio profesional, sino que también puede generar dilemas éticos y responsabilidades legales al momento de atender a los pacientes.
La crisis también repercute sobre los adultos mayores, que necesitan controles periódicos, tratamientos continuos y acceso oportuno a medicamentos, consultas y cirugías. El Colegio alertó que las demoras y las interrupciones en la cobertura pueden agravar enfermedades y profundizar las dificultades de quienes dependen de las prestaciones del PAMI. En ese contexto, recordó que la salud es un derecho humano fundamental y no puede quedar subordinada exclusivamente a criterios presupuestarios.
Frente a este panorama, la entidad exigió convocar a una mesa de diálogo resolutiva que reúna al Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades del PAMI y las organizaciones prestadoras. El objetivo es abordar el conflicto de manera integral, con medidas concretas que permitan recuperar la capacidad de atención y evitar que las dificultades financieras se traduzcan en nuevas restricciones para los afiliados. El Colegio pidió que la crisis sea tratada como un problema de salud pública.
Entre las medidas reclamadas figuran la actualización inmediata de aranceles y cápitas de acuerdo con los costos operativos reales, la cancelación de las deudas pendientes con profesionales e instituciones y garantías para sostener la continuidad y calidad de los servicios. La entidad considera que estas respuestas resultan indispensables para preservar la red prestacional y evitar un mayor deterioro de la atención de jubilados y pensionados en todo el territorio bonaerense.
Finalmente, el Colegio insistió en que defender a los afiliados también significa proteger a los médicos y a las instituciones que sostienen la atención cotidiana. Su advertencia apunta a las consecuencias que una prolongación del conflicto podría generar sobre el conjunto del sistema sanitario, especialmente en los hospitales públicos. Por eso, reclamó decisiones inmediatas y sostuvo que garantizar una atención digna y oportuna para los adultos mayores constituye una responsabilidad que no admite nuevas dilaciones.
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