El negocio redondo de las rutas rotas: peajes privados, rutas destruidas y un Estado que siempre paga la cuenta. El paisaje de las rutas nacionales es, desde hace décadas, un monumento a la desidia y al fracaso del modelo de articulación público-privada en infraestructura. El anuncio del otorgamiento de nuevas concesiones viales sobre los principales corredores del país reabre un debate que la política intenta clausurar con promesas de “modernización”.
¿Qué estamos pagando exactamente cuando pagamos un peaje? La realidad que golpea el parabrisas de cualquier conductor desmiente los folletos oficiales. Huecos que parecen cráteres, banquinas inexistentes, señalización invisible y asfalto deformado son la norma en trazados donde, paradójicamente, las cabinas de cobro nunca dejan de facturar.
Las Responsabilidades de las Empresas: El Papel vs. La Realidad
En teoría, el contrato de concesión por peaje es sencillo: el Estado otorga la explotación de un bien público a una empresa privada para que esta lo mantenga en óptimas condiciones, garantice la seguridad vial y realice obras de ampliación. A cambio, se le concede el derecho de cobrar una tarifa directa al usuario.
Sin embargo, las obligaciones corporativas suelen diluirse en un laberinto de vacíos legales y renegociaciones contractuales permanentes. Las responsabilidades de las empresas concesionarias bajo el nuevo esquema deberían centrarse en tres ejes críticos:
Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Repavimentación periódica, bacheo inmediato y calzadas niveladas.
Servicios al Usuario: Asistencia mecánica, ambulancias, grúas y corredores iluminados con tecnología LED.
Inversión en Capacidad: Duplicación de calzadas (autovías/autopistas) en tramos de alta siniestralidad y saturación de tránsito pesado.
La Trampa Contractual: Históricamente, las empresas han priorizado el gasto en la “fachada” (corte de pasto, pintura de cabinas) mientras postergan las obras estructurales de fondo, argumentando que la inflación o el congelamiento de tarifas rompen la “ecuación económica” del contrato.
El Pasado de Corrupción: La “Patria Contratista” y los Cuadernos del Peaje
Es imposible analizar el estado actual de las rutas nacionales sin mirar el espejo retrovisor de la corrupción. El sector de la obra pública y las concesiones viales ha sido, tradicionalmente, el epicentro de los mayores escándalos de retornos, cartelización y sobreprecios. El modus operandi de la denominada “Patria Contratista” consolidó un sistema donde las empresas se cartelizaban para repartirse los corredores.
Las prórrogas de contratos vencidos se firmaban entre gallos y medianoches, eliminando cualquier tipo de licitación competitiva. En muchos casos, los peajes se transformaron en un mero subsidio encubierto a empresas amigas del poder de turno, donde el control estatal brillaba por su ausencia de forma deliberada. El resultado de este festival de complicidades está a la vista: autopistas cobradas que terminaron siendo rutas de una sola mano con banquinas de tierra.
La Realidad de la Destrucción: Un Costo Humano y Económico
Mientras los balances de las concesionarias cierran con números amigables, las rutas sufren una destrucción estructural destructiva para el aparato productivo. El transporte de carga —arteria vital de la economía— se desplaza por caminos que destruyen suspensiones, rompen neumáticos y duplican los tiempos de viaje.
Esto se traduce, de manera directa, en un aumento de los costos logísticos que termina pagando el consumidor en la góndola. Peor aún es el costo humano. Las rutas nacionales se han convertido en trampas mortales. La falta de obras de infraestructura básica, como terceros carriles para el sobrepaso de camiones o la separación física de sentidos de circulación, transforma cualquier viaje familiar en una ruleta rusa vial.
¿Quién se Hace Cargo de la Reconstrucción?
Ante un entramado vial destruido, la pregunta del millón es: ¿Quién financiará la reconstrucción de lo que ya se pagó y no se hizo? La experiencia histórica y los nuevos pliegos tarifarios sugieren que, una vez más, el costo recaerá sobre las costillas del eslabón más débil:
El Usuario (Vía Tarifazo): Los nuevos contratos prevén aumentos indexados de peajes que buscan “garantizar la rentabilidad del inversor” antes de que se coloque el primer metro de asfalto fresco. Es decir, el ciudadano debe pagar por adelantado una promesa de mejora que rara vez se cumple.
El Estado (Vía Impuestos): Ante el deterioro severo, muchas de las obras de “gran envergadura” (como circunvalaciones o nuevos puentes) quedan fuera de las obligaciones de la empresa y son absorbidas por el presupuesto nacional, financiado con los impuestos de todos los contribuyentes (hayan usado la ruta o no).
Conclusión: Un Modelo Agotado
Otorgar concesiones sin mecanismos de auditoría independientes, sin penalidades severas y sin la obligación de realizar obras antes de empezar a cobrar, es repetir la receta del fracaso. Mientras el Estado siga actuando como un socio bobo que garantiza las ganancias privadas y absorbe las pérdidas de infraestructura, las rutas nacionales seguirán siendo lo que son hoy: un negocio redondo para pocos, y una vía de destrucción y peligro para las mayorías.
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