Milei va por la Zona Fría y golpea a Buenos Aires: cómo impactaría el recorte en las tarifas de gas. El portal Grupo La Provincia indica hoy que más de 3 millones de hogares bonaerenses podrían perder descuentos de hasta el 50% en la tarifa de gas si avanza el plan oficial para recortar la Zona Fría, en medio de una nueva pulseada política con las provincias.
Más de tres millones de hogares de la provincia de Buenos Aires vuelven a quedar en el centro de la escena energética. El Gobierno nacional analiza avanzar con cambios en el Régimen de Zona Fría, un esquema clave que hoy permite descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas, y que tras su ampliación en 2021 incorporó a buena parte del territorio bonaerense.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas que la Casa Rosada busca reimpulsar en el Congreso luego del traspié que significó el rechazo del capítulo energético incluido en el Presupuesto 2026. En ese apartado, el oficialismo ya había planteado la necesidad de reducir el universo de beneficiarios del sistema de subsidios, con el objetivo de aliviar el costo fiscal.
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565, originalmente destinado a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Sin embargo, en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Ley 27.637 amplió su alcance a nuevas regiones, incluyendo ciudades como Bahía Blanca y gran parte del sudoeste bonaerense. Esa modificación llevó el número de beneficiarios de menos de un millón a cerca de 4 millones de usuarios en todo el país, lo que implicó un fuerte incremento en el costo del sistema.
El eventual recorte del régimen tendría un efecto inmediato en la provincia de Buenos Aires, donde millones de hogares acceden hoy a descuentos en la tarifa de gas. El listado de distritos potencialmente afectados es amplio y atraviesa varias secciones electorales. Incluye municipios de peso en el esquema como Bahía Blanca, General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Coronel Rosales, Villarino y Patagones en el sur.
Pero también del interior como Trenque Lauquen, Olavarría, Azul, Tandil, Pergamino y Junín. A eso se suman distritos como Villa Gesell y Tres Arroyos, junto a otros partidos que fueron incorporados tras la última ampliación del régimen. El peso del régimen en la provincia de Buenos Aires no es menor. Tras la ampliación de 2021, el universo de beneficiarios creció de manera exponencial a nivel nacional, pasando de alrededor de 950.000 usuarios a cerca de 4 millones.
Una porción significativa de ese salto se explica por la incorporación de distritos bonaerenses, lo que convirtió a la provincia en uno de los principales focos del esquema. En términos concretos, se estima que más de 3 millones de hogares en Buenos Aires acceden actualmente a algún tipo de descuento en la tarifa de gas, lo que representa una parte sustancial de los usuarios residenciales conectados a la red.
El financiamiento del sistema también es un punto central en la discusión. El subsidio se sostiene a través de un fondo fiduciario que se nutre de un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo, que tenía un tope del 7,5%, fue recientemente habilitado a subir hasta el 11,25% por el Ministerio de Economía, lo que refleja la presión creciente sobre el esquema.
En este contexto, el Gobierno plantea que el sistema perdió focalización tras su ampliación, al incluir zonas con climas considerados menos rigurosos. Sin embargo, desde las provincias y sectores políticos advierten que el criterio climático no es el único determinante, y que variables como el nivel de ingresos y la infraestructura energética también deben ser consideradas al momento de redefinir los subsidios.
En particular, las zonas del sur y sudoeste —históricamente más frías— aparecen como las más sensibles ante cualquier cambio, ya que concentran los mayores niveles de consumo durante el invierno. Sin embargo, el alcance del eventual recorte no se limitaría a esas regiones, sino que podría extenderse a amplios sectores del interior e incluso del área metropolitana.
Los antecedentes recientes anticipan un escenario complejo. Tanto en la discusión de la Ley Bases como en el tratamiento del Presupuesto 2026, los intentos por recortar o modificar el esquema encontraron resistencia en el Congreso, con fuerte presión de gobernadores e intendentes de las provincias afectadas. El nuevo proyecto aún no tiene una letra definitiva, pero fuentes oficiales aseguran que incluirá parte de las reformas energéticas que quedaron fuera del presupuesto, como la prórroga de beneficios a energías renovables y cambios en el esquema de subsidios.
En ese contexto, la discusión por la Zona Fría promete convertirse nuevamente en un eje de conflicto político. Para Buenos Aires, no se trata solo de un debate técnico: el eventual ajuste impactaría de lleno en el bolsillo de millones de usuarios en un contexto económico ya tensionado por la suba de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo.
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