La Provincia de Buenos Aires anunció una serie de medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales que toman créditos mediante esas plataformas. La decisión fue comunicada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Augusto Costa, en medio de un fuerte crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, un fenómeno que ya encendió alertas en distintos niveles del sistema financiero.
“Esto no es un problema entre privados”, sostuvo Kicillof al cuestionar la respuesta del Gobierno nacional frente a la situación. Según planteó, la caída o insuficiencia de los ingresos llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales, como alimentos, medicamentos y alquileres, mientras el endeudamiento se extendió a bancos, tarjetas, financieras y aplicaciones digitales.
El gobernador advirtió además que las billeteras virtuales dejaron de ser solamente herramientas para pagar o transferir dinero. También se convirtieron en canales de acceso rápido al financiamiento y, según señaló, otorgan créditos sin las regulaciones macroprudenciales que alcanzan a otras entidades financieras y que buscan prevenir riesgos de alcance sistémico. La preocupación se concentra, además, en la transparencia de las condiciones ofrecidas.
En ese marco, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor abrió expedientes contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. La medida exige que las empresas detallen los criterios utilizados para fijar las tasas de interés y expliquen cuál es la composición efectiva del costo financiero total que afrontan quienes solicitan los préstamos. El objetivo es conocer con precisión las condiciones de cada operación.
Costa informó que, solo durante el primer semestre de 2026, el organismo recibió 2.240 denuncias vinculadas con esas compañías. Los reclamos incluyen presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento. Las actuaciones buscan determinar si existieron prácticas que vulneraron los derechos de los usuarios y dieron sustento a la investigación administrativa.
Las empresas involucradas deberán ahora presentar sus descargos ante los expedientes abiertos por la Provincia. Si se comprueban incumplimientos, la normativa contempla multas de hasta 1.883 millones de pesos y la obligación de revertir las prácticas observadas. El anuncio bonaerense se suma así al debate nacional sobre el creciente peso de las deudas y las condiciones del crédito digital en Argentina.
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