Un grupo de intendentes bonaerenses anunció que avanzará con una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por los fondos que, según aseguran, el Gobierno nacional adeuda para el mantenimiento y la mejora de las rutas. La decisión se tomó luego de una movilización al Ministerio de Economía, donde los jefes comunales, integrantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), advirtieron que, si no son convocados a una reunión en los próximos días para destrabar el conflicto, recurrirán a la Justicia.
En ese marco, anticiparon que denunciarán al funcionario por presunta “malversación de fondos” y por incumplir la normativa vigente. El eje del reclamo se basa en lo establecido por la Ley 23.966, que regula la asignación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles. Según el artículo 19 de esa norma, una parte de esos recursos debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un límite del 20% para obras ferroviarias y el resto orientado a obras viales.
Sin embargo, los intendentes sostienen que esos fondos no están siendo aplicados como corresponde. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno los estaría reteniendo y destinando a operaciones financieras, como la emisión y pago de bonos, la compra de dólares y maniobras vinculadas al carry trade.
“Esta retención indebida de recursos que pertenecen a las y los argentinos genera un perjuicio directo en las familias y configura, en principio, el delito de malversación de caudales públicos”, señalaron los jefes comunales, en referencia a la administración encabezada por el presidente Javier Milei.
En términos concretos, los intendentes detallaron que durante el último año el Estado nacional recaudó alrededor de $3,5 billones para el fideicomiso de infraestructura de transporte. De ese total, indicaron que cerca del 80% corresponde al mantenimiento de rutas, y dentro de ese porcentaje, otro 80% debería destinarse a obras viales. “Eso implica que a Vialidad Nacional tendrían que haberle transferido $2,25 billones. Sin embargo, según los propios datos oficiales, solo se giraron $1,2 billones. Es decir, $1,15 billones fueron utilizados con otros fines, con fuertes indicios de que terminaron en el circuito financiero”, afirmaron.
Además, remarcaron que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año el Gobierno recaudó $1,5 billones por el Impuesto a los Combustibles, sin que esos recursos se traduzcan en una baja en el precio de los combustibles ni en mejoras en la infraestructura vial. “Se están utilizando recursos de nuestras vecinas y vecinos para beneficiar a actores financieros que obtienen ganancias extraordinarias, mientras el Estado actúa como garantía para cubrir sus riesgos”, concluyeron.
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