Buscan habilitar a jóvenes desde los 18 años para ser concejales en la Provincia de Buenos Aires. Un nuevo proyecto legislativo reabre el debate sobre la participación juvenil en la política bonaerense. Diputados de La Libertad Avanza impulsan una iniciativa para reducir la edad mínima requerida para acceder a cargos de concejal, llevándola de los actuales 25 años a los 18. La propuesta fue presentada por el legislador Pablo Morillo junto a sus pares Luis Ontiveros y Juanes Osaba, y plantea una modificación parcial de la Ley 14.523.
El objetivo central es adecuar la normativa vigente a la mayoría de edad actual, habilitando a más ciudadanos a participar activamente en la vida política local. Según el texto del proyecto, podrán postularse como concejales todos los ciudadanos mayores de 18 años que sepan leer y escribir, sean vecinos del distrito y acrediten al menos un año de residencia. En el caso de los ciudadanos extranjeros, se mantienen requisitos adicionales: deberán demostrar cinco años de residencia y estar inscriptos en el registro correspondiente.
El impulso de esta reforma se apoya en una crítica a la legislación actual, considerada por sus autores como desactualizada. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires vuelve así a discutir un tema que arrastra años sin resolución. Actualmente, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires —vigente desde 1889— establece los 25 años como edad mínima para ser concejal.
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En contraste, otros cargos presentan requisitos más bajos: 22 años para diputado provincial y apenas la mayoría de edad para consejero escolar. En este contexto, el proyecto también retoma un punto pendiente: la convocatoria a un plebiscito prevista en la ley sancionada en 2013, instancia que nunca llegó a concretarse. Para Morillo, la iniciativa apunta a modernizar el sistema político y ampliar la base de participación ciudadana.
“La normativa actual mantiene parámetros desactualizados que no reflejan las transformaciones sociales”, sostuvo el legislador. Desde el espacio libertario consideran que el rol del concejal, como primer eslabón del vínculo entre el Estado y la comunidad, podría enriquecerse con la incorporación de jóvenes. Argumentan que permitir el acceso desde los 18 años favorecería la renovación generacional y acercaría la política a nuevas miradas. Sin embargo, el debate promete generar posiciones encontradas.
Mientras algunos sectores ven en la propuesta una oportunidad para democratizar aún más la representación, otros podrían cuestionar si la reducción de requisitos —limitados prácticamente a la alfabetización y residencia— es suficiente para garantizar idoneidad en la función pública. Por ahora, el proyecto inicia su recorrido legislativo, pero ya instala una discusión de fondo: qué condiciones debe reunir hoy quien aspira a representar a su comunidad en el ámbito más cercano de la política.
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