El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la concesión por 30 años de la Unidad Turística de Chapadmalal, en una decisión que marca un cambio de rumbo en la gestión de uno de los complejos emblemáticos del turismo social en el país. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la medida busca atraer inversiones privadas que permitan “recuperar y elevar la calidad del complejo”, al tiempo que se reduce el costo de mantenimiento para el Estado.
Según explicó el funcionario, el objetivo central es transferir la operación del complejo a un operador privado que pueda modernizar la infraestructura y potenciar su perfil turístico. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de reducir la participación estatal en actividades que considera ajenas a sus funciones esenciales, promoviendo en cambio la participación del sector privado.
En ese sentido, el proceso ya había comenzado con el traspaso del predio a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que será la encargada de llevar adelante la concesión. Desde el oficialismo aseguran que el complejo generaba costos elevados y que la concesión permitirá evitar pérdidas, además de impulsar su desarrollo con inversiones que hoy el Estado no está en condiciones de afrontar.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la medida al afirmar que “el Estado no debe proveer servicios de hotelería”, aunque sí puede sostener políticas de subsidio al turismo social o educativo.
En la misma línea, el presidente Javier Milei viene sosteniendo que el Estado debe concentrarse en sus competencias básicas, dejando en manos privadas aquellas actividades donde no tiene ventajas competitivas.
El futuro de los puestos de trabajo y el nivel de actividad del complejo quedarán sujetos al volumen de inversión que realicen los futuros concesionarios, según admiten fuentes oficiales. Al mismo tiempo, desde el sector empresarial hotelero valoraron la decisión. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica había expresado previamente su rechazo a que el Estado continúe gestionando este tipo de servicios, al considerar que se trata de una actividad propia del ámbito privado.
El plan contempla algunas excepciones. La residencia presidencial de Chapadmalal continuará bajo control estatal, al igual que el patrimonio del Museo Eva Perón, que será reubicado en la Quinta de San Vicente, sede del Museo Histórico “17 de Octubre”.
La decisión abre una nueva etapa para Chapadmalal, un complejo histórico que durante décadas fue sinónimo de turismo accesible. Ahora, con la llegada de capitales privados, el Gobierno apuesta a reconvertirlo en un polo turístico de mayor calidad, con impacto en toda la región de la costa bonaerense, aunque no sin interrogantes sobre el acceso y el rol del Estado en este tipo de políticas.
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