A 50 años del Golpe: el caso Russo y la maquinaria del terror que marcó a una comunidad. A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, historias como la del médico Gerónimo Isidoro Russo vuelven a poner en primer plano no solo el drama de una desaparición, sino el funcionamiento sistemático de un aparato represivo que operó con precisión, impunidad y silencio.
El secuestro de Russo, ocurrido el 5 de mayo de 1977 en la localidad de Rivera, no fue un hecho aislado ni un “exceso” en un contexto convulsionado. Fue, por el contrario, una pieza más dentro de una estructura organizada desde el Estado para disciplinar a la sociedad mediante el miedo.
Russo tenía 31 años, era médico del Hospital “Dr. Noé Yarcho” y docente. Padre de tres hijos, comprometido con su comunidad, sin antecedentes que lo vincularan a acciones violentas. Sin embargo, fue secuestrado cuando se dirigía a trabajar. Nunca más se supo de él. Ese dato, lejos de ser anecdótico, resulta central: el terrorismo de Estado no distinguía.
No buscaba únicamente “combatir” a un enemigo armado —como se intentó justificar durante años— sino instalar un mensaje mucho más amplio y profundo: nadie estaba a salvo. Profesionales, estudiantes, trabajadores. La represión se extendió como una red que alcanzaba a cualquiera que pensara distinto, que participara socialmente o, incluso, que simplemente resultara sospechoso.
El caso Russo también refleja uno de los rasgos más perversos del sistema: la desaparición forzada. No hubo registro de detención, no hubo causa judicial, no hubo cuerpo. Ese vacío no es casual. La desaparición fue diseñada como una herramienta de control social: elimina a la persona, pero también deja a la familia en una incertidumbre permanente, sin duelo posible, sin respuestas, sin justicia.
En ese esquema, los centros clandestinos —como la Escuela de Mecánica de la Armada— funcionaban como engranajes de un circuito donde el destino final muchas veces era la muerte, aunque sin dejar rastros. Durante años, sectores vinculados al poder intentaron relativizar lo ocurrido bajo la idea de una “guerra sucia” o de “excesos individuales”.
Sin embargo, la acumulación de pruebas, testimonios y condenas judiciales dejó en claro que se trató de un plan sistemático. El Estado, que debía proteger a sus ciudadanos, fue el mismo que organizó secuestros, torturas y asesinatos. Y lo hizo utilizando sus recursos, sus fuerzas y su estructura. El caso de Russo, como el de miles de desaparecidos, demuestra que la represión no fue desordenada: fue planificada, ejecutada y sostenida en el tiempo.
Cincuenta años después, la ausencia de Russo sigue siendo una presencia constante en Rivera. Su familia, como tantas otras, continúa reclamando lo mismo que desde hace décadas: verdad y justicia. Pero también hay una dimensión colectiva. Cada historia reconstruida no solo busca reparar el pasado, sino evitar que se repita. Porque el mayor riesgo no es solo el olvido, sino la banalización de lo ocurrido.
En tiempos donde algunos discursos intentan relativizar o reinterpretar aquel período, volver sobre estos casos no es un ejercicio del pasado, sino una necesidad del presente. La historia de Gerónimo Russo interpela. No solo por lo que le pasó, sino por lo que representa: una sociedad donde el Estado decidió perseguir, desaparecer y callar.
A 50 años, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué hacemos hoy con esa memoria. Porque entender el accionar represivo de aquella época no es un acto ideológico: es una condición indispensable para sostener una democracia que no vuelva a tolerar el terror como herramienta de poder.
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