El inicio de la temporada de verano vuelve a exponer una problemática tan reiterada como injusta en Mar del Plata: la apropiación del espacio público costero por parte de balnearios privados. Lo que debería ser un ámbito de disfrute colectivo se transforma, año tras año, en un terreno delimitado por sogas, vallados y carpas que reducen al mínimo el lugar disponible para los bañistas que no pueden —o no quieren— pagar por una concesión.
El video difundido por un turista en redes sociales no muestra una situación excepcional, sino una postal habitual del verano marplatense. La imagen de personas caminando por la arena mojada, esquivando sogas y límites impuestos por balnearios, evidencia una realidad incómoda: el avance del negocio privado sobre un bien que por definición es público. La pleamar, fenómeno natural e inevitable, termina por desnudar el problema cuando el mar avanza y deja a miles de personas sin un espacio digno donde instalarse.
Resulta alarmante que empresas concesionarias se arroguen el derecho de alambrar sectores completos de la playa, incluso en zonas donde el mar llega con frecuencia. Bajo el argumento de la explotación comercial, se naturaliza una ocupación que roza lo abusivo y que contradice el espíritu de acceso libre que deberían garantizar las autoridades. La frase del turista, al calificar la situación como un “monumento a la avaricia”, sintetiza el sentimiento de muchos visitantes y residentes que ven cómo el disfrute del paisaje queda condicionado al consumo.
La reacción en redes sociales, con propuestas de protesta y manifestaciones simbólicas, revela un malestar social creciente. No se trata solo de una incomodidad momentánea, sino de una discusión de fondo sobre el modelo de ciudad y de turismo que se promueve. ¿Debe Mar del Plata priorizar el negocio de unos pocos por sobre el derecho de la mayoría a disfrutar del mar? ¿Hasta dónde se puede concesionar sin vulnerar lo público?
Las playas no son un privilegio, sino un patrimonio común. Alambrarlas, reducirlas y segmentarlas es excluir. Frente a esta situación, resulta indispensable una intervención firme del Estado que regule, controle y garantice espacios verdaderamente públicos. De lo contrario, el verano seguirá mostrando una imagen cada vez más injusta: un mar abierto para todos, pero una costa cada vez más cerrada.
