La Provincia impuso un aumento en los fletes y profundizó la pelea con el campo

El desacuerdo reavivó las críticas sobre el papel del Estado en una negociación entre quienes ofrecen el servicio y quienes contratan los fletes. Para las entidades agropecuarias, imponer un porcentaje para evitar protestas no resuelve el conflicto, sino que transmite la señal de que la presión puede resultar más efectiva que el diálogo. El Gobierno, en cambio, defiende su intervención como una salida técnica ante la falta de consenso.

El antecedente inmediato es el conflicto de abril, cuando las protestas de transportistas autoconvocados provocaron complicaciones en distintos puntos bonaerenses. Uno de los escenarios más afectados fue Puerto Quequén, donde la actividad permaneció paralizada durante más de dos semanas, con demoras en la carga de buques y preocupación por el movimiento de granos. La crisis terminó con una negociación impulsada por funcionarios provinciales.

Precisamente, CARBAP volvió a cuestionar que durante aquel episodio se habilitaran instancias de diálogo por fuera de la Comisión Asesora. La entidad advirtió que no está dispuesta a convalidar mecanismos paralelos y dejó planteada la posibilidad de retirarse de la mesa si se repiten esas intervenciones. El planteo recibió el respaldo de la Federación de Acopiadores, mientras que ATCADE defendió la negociación desarrollada en Necochea.

En un comunicado conjunto, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores calificaron como inédito el criterio adoptado y advirtieron que la decisión provincial puede quebrar la confianza entre los participantes. Cuestionaron que el Estado deje de actuar como garante de las reglas para convertirse en protagonista de una imposición. La amenaza de abandonar la comisión instala así un interrogante sobre la continuidad del espacio.

Las entidades recordaron que las tarifas de referencia tienen carácter orientativo y que los valores finales de los fletes son de libre negociación entre las partes, de acuerdo con el marco normativo bonaerense. Por eso recomendaron a productores y operadores consultar los precios locales antes de contratar cada viaje. La actualización oficial no elimina la posibilidad de acordar condiciones particulares entre dadores de carga y transportistas.

Más allá de la discusión porcentual, el enfrentamiento expone la fragilidad de una cadena logística esencial para la economía bonaerense. El transporte afronta combustible, mantenimiento, neumáticos y salarios, mientras los productores buscan contener costos que impactan sobre la rentabilidad. Sin reglas compartidas ni confianza, cualquier actualización puede convertirse en otro foco de conflicto que afecte el traslado de la cosecha.