Una jubilada permanece detenida por intentar llevarse un pedazo de carne que nunca llegó a sacar del supermercado. Mientras tanto, las grandes causas de corrupción atraviesan años de expedientes, apelaciones y demoras. El caso de Estela Chávez vuelve a desnudar una de las heridas más profundas de la Argentina: la desigualdad ante la ley, la pérdida de confianza en las instituciones y una Justicia que debe explicar por qué parece tener tanta rapidez para castigar la vulnerabilidad y tan poca eficacia para garantizar que los poderosos rindan cuentas.
El caso de Estela Chávez, una jubilada de más de 65 años que permanece detenida desde octubre tras intentar llevarse un corte de carne de un supermercado de San Fernando, vuelve a poner frente al espejo a la Justicia argentina. No se discute que el hecho debe investigarse; lo inadmisible es que la respuesta penal parezca caer con todo su peso sobre una mujer vulnerable, mientras expedientes de enorme daño público atraviesan años de demoras.
Según la reconstrucción periodística, Chávez cobra la jubilación mínima, había trabajado en tareas domésticas y dejó esa actividad cuando el transporte y el desgaste físico volvieron inviable sostenerla. Fue interceptada antes de cruzar las cajas. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25 y el 26 de octubre se dictó su prisión preventiva. La acusación es por tentativa de hurto: el hecho no llegó a consumarse.
La gravedad no termina en la privación de libertad. Su familia denunció que permanece en una alcaidía transitoria, sin visitas presenciales, compartiendo celda y con dificultades para recibir atención médica. Se informaron una infección urinaria y otra descompensación. Si estos datos son correctos, la pregunta ya no es qué medida corresponde ante una tentativa de hurto, sino qué razones justifican mantener a una mujer mayor en esas condiciones.
La prisión preventiva no es una condena ni debería funcionar como castigo anticipado. Su finalidad es cautelar y exige fundamentos concretos, como riesgos procesales que no puedan neutralizarse con medidas menos gravosas. Por eso, la edad, la salud, la naturaleza del hecho, la ausencia de consumación y las alternativas disponibles deben examinarse. La severidad no puede reemplazar a la razonabilidad ni la pobreza convertirse en agravante.
Dos velocidades para una misma Justicia
El contraste con las grandes causas de corrupción alimenta una indignación comprensible. En julio de 2026, un tribunal condenó a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska, más de dos décadas después de los hechos. En septiembre, otro tribunal dictó condenas en Sueños Compartidos, tras más de quince años. Hay condenas, pero la lentitud erosiona la confianza y posterga la reparación del daño colectivo.
No corresponde afirmar que todos los poderosos son absueltos ni que toda persona pobre termina presa: los expedientes y sus circunstancias son distintos. Pero sí corresponde exigir una misma vara de diligencia. Una tentativa de hurto de alimentos no debería resolverse con una celeridad punitiva que contrasta con la lentitud de procesos por corrupción que comprometen recursos públicos, viviendas, obras y oportunidades de miles de ciudadanos.
El problema no es reclamar impunidad para nadie, sino reclamar que la ley sea igual de exigente con todos. Cuando una mujer jubilada pasa semanas detenida por un hecho no consumado y las causas por corrupción tardan años …
… en llegar a una sentencia, la percepción de una justicia selectiva se vuelve inevitable. Esa percepción no es un detalle de imagen institucional: debilita la legitimidad de los tribunales y la confianza en la democracia.
Los datos ayudan a dimensionar esa desconfianza. El Índice de Confianza en la Justicia de FORES y la Universidad Torcuato Di Tella ubicó la medición de junio de 2026 en 48,7 puntos. Apenas el 10% consideró confiable el control del poder político y económico; solo el 13% expresó confianza en la igualdad ante la ley. No es una prueba de parcialidad en este expediente, pero sí una advertencia sobre la credibilidad del sistema.
La pobreza y la Justicia
También hay una dimensión social que el expediente penal no puede borrar. Una jubilación insuficiente, el trabajo informal, la falta de redes de contención y la dificultad para acceder a alimentos describen un escenario de vulnerabilidad. La respuesta institucional debería investigar el hecho, proteger los derechos de la imputada y evitar que la pobreza se traduzca en encierro innecesario. La Justicia no puede desentenderse del contexto humano.
El Estado debe proteger la propiedad, pero también garantizar proporcionalidad, debido proceso y dignidad. Si la prisión preventiva no resulta indispensable, deben evaluarse medidas, incluida la domiciliaria cuando legalmente corresponda. Y si hubo fallas en la atención sanitaria o en el alojamiento, deben esclarecerse. La Justicia no demuestra autoridad castigando con dureza a quien menos tiene, sino aplicando la ley con equilibrio y humanidad.
Estela Chávez no debe convertirse en una excusa para absolver conductas ni en un símbolo vacío. Su caso obliga a formular preguntas concretas: ¿por qué sigue detenida?, ¿qué riesgos procesales se acreditaron?, ¿qué medidas alternativas se consideraron? Y, frente a la corrupción, ¿por qué tantos procesos decisivos consumen años? Una Justicia digna de ese nombre debe responder ambas preguntas con hechos, no con privilegios ni silencios.
Cuando el rigor parece inmediato para quien intenta llevarse comida y la rendición de cuentas se vuelve interminable al investigarse el saqueo de lo público, la sociedad siente que la balanza está inclinada. La igualdad ante la ley no puede ser una frase solemne reservada para los discursos. Tiene que notarse en los tiempos, las decisiones y el trato. De lo contrario, una institución pierde su autoridad moral.
Una pregunta que interpela a toda la sociedad
No se trata de defender el robo ni de reclamar privilegios para una persona por su edad o condición económica. Se trata de exigir proporcionalidad, humanidad y, sobre todo, coherencia. Porque si el Estado tiene capacidad para privar de libertad a una jubilada por una tentativa de hurto, también debe demostrar que tiene voluntad y capacidad para investigar, juzgar y sancionar con eficacia a quienes desde posiciones de poder perjudican a millones de argentinos.
La Justicia no puede ser fuerte con los débiles y comprensiva con los poderosos. No puede convertir el hambre en un expediente urgente y permitir que el daño al patrimonio público se pierda en los laberintos de la burocracia judicial. Una sociedad que deja de creer en la igualdad ante la ley comienza a perder algo mucho más importante que la confianza en sus tribunales: pierde la esperanza de que exista un verdadero sentido de justicia.
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