El Decreto 1358/2026 incorporó estas carreteras al programa de concesiones viales por peaje. La medida abre el camino para futuras licitaciones nacionales e internacionales, aunque todavía no están definidos los tramos que serán entregados a operadores privados ni las obras que deberán ejecutarse. Transporte tendrá un plazo de 12 meses para convocar los concursos.
La infraestructura vial de la región vuelve a quedar en el centro de la agenda nacional. El Gobierno de Javier Milei oficializó una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones que incluye a las rutas nacionales 22, 33 y 35, tres corredores fundamentales para la circulación de la producción agropecuaria, el transporte de cargas y la conexión de Bahía Blanca con distintos puntos del país.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa incorpora 27 rutas nacionales de 16 provincias al universo de trazas susceptibles de ser concesionadas mediante el cobro de peajes, bajo un esquema que contempla inversiones privadas para la construcción, reparación, conservación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial.
La Ruta Nacional 33 constituye uno de los principales ejes para la producción agropecuaria del sudoeste bonaerense. Su trazado vincula Bahía Blanca con localidades del norte provincial y continúa hacia los grandes centros productivos y comerciales. Para la región, su estado resulta determinante en el traslado de cereales, insumos y mercaderías, además de ser una vía cotidiana para miles de usuarios.
La Ruta 35, por su parte, representa una conexión esencial entre el sudoeste bonaerense, La Pampa y Córdoba. Su incorporación al esquema abre la posibilidad de inversiones en una carretera utilizada por el transporte de cargas y por quienes conectan distintas regiones productivas. Sin embargo, todavía no se informó qué sectores serán incluidos ni si se proyectan mejoras de calzada, ensanches o transformaciones en ruta segura.
La Ruta 22 completa el grupo de corredores regionales alcanzados por la decisión. Es una vía estratégica para la comunicación entre el sur bonaerense, La Pampa y el norte de la Patagonia, con continuidad hacia Neuquén y el área energética de Vaca Muerta. Su importancia logística excede el movimiento agropecuario: también constituye un corredor para el transporte de insumos, equipos y producción vinculados con la actividad hidrocarburífera.
Un punto central del decreto es que no establece la concesión automática de las rutas en toda su extensión. La norma identifica un conjunto de trazas dentro de las cuales la Secretaría de Transporte deberá definir qué tramos concretos podrán licitarse, con intervención técnica previa de Vialidad Nacional. Incluso podrán incorporarse sectores completos o parciales, siempre que no estén comprendidos en concesiones actualmente vigentes.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto para convocar las licitaciones públicas nacionales e internacionales. También deberá aprobar los pliegos, establecer las condiciones técnicas y económicas, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos. Vialidad Nacional tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de las obligaciones de las futuras concesionarias.
El sistema contempla que las compañías privadas se hagan cargo de la explotación, administración, reparación, conservación y mantenimiento de los tramos adjudicados, además de las obras de ampliación que se establezcan. A cambio, podrán recuperar sus inversiones mediante el cobro de peajes y otras remuneraciones previstas por ley. Las condiciones, los montos de inversión y las tarifas deberán conocerse en los pliegos de cada licitación.
El decreto también incluye otras rutas de importancia nacional, entre ellas las números 3, 9, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 34, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además del acceso A0017. En total, son 27 trazas de 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Neuquén y otras jurisdicciones del país. La selección final sigue pendiente en distintas regiones argentinas.
En el caso de la Ruta 3, que también aparece en el nuevo listado, el Gobierno aclaró que los sectores incorporados ahora no serán los mismos que ya fueron concesionados en etapas anteriores. El tramo entre Cañuelas y Bahía Blanca forma parte de otro proceso, con trabajos de reparación en marcha. Por lo tanto, la nueva disposición no debe confundirse con ese contrato ni supone que se licitará nuevamente toda la traza.
La iniciativa se inscribe en una política de transferencia progresiva de la gestión vial al sector privado. Según Vialidad Nacional, las etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones ya adjudicaron más de 9.000 kilómetros, por los que circula cerca del 80% del tránsito nacional. El argumento oficial sostiene que la participación privada permitirá atraer inversiones, mejorar la seguridad y reducir costos logísticos, bajo control estatal.
Para los usuarios de la región, la expectativa estará puesta en conocer qué obras se exigirán y en qué plazos. La incorporación de las rutas al régimen de concesión no significa que las máquinas comiencen a trabajar de inmediato ni que ya exista una empresa adjudicataria. Primero deberán definirse los corredores, elaborarse los pliegos, convocarse las licitaciones y completarse los procedimientos administrativos correspondientes.
El desafío será que el nuevo esquema se traduzca en mejoras verificables para quienes transitan diariamente estas carreteras. La región necesita rutas seguras, calzadas en condiciones, banquinas y señalización frente al crecimiento del transporte pesado. La posibilidad de concesionar puede abrir una instancia de inversión, pero exigirá controles rigurosos para que el peaje tenga como contrapartida obras concretas y un servicio vial de calidad.
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