Una deuda con C. Suárez jamás pagada: el juzgado que nunca llegó a ser

… el juzgado, citando expresamente el artículo 7, inciso b), de la Ley 5.827. La iniciativa evidenció que, casi tres décadas después, aquella deuda institucional seguía plenamente vigente. El reclamo buscó revertir ese olvido.

Con el tiempo, el propio texto legal fue reformado. Las leyes 13.411 y 13.672 mantuvieron la previsión de un juzgado civil y comercial en Coronel Suárez, aunque actualizaron el Ministerio Público y sustituyeron la figura del defensor de pobres y ausentes por un defensor oficial para actuar ante los fueros civil, comercial y de familia. El cambio normativo no alteró el núcleo del problema pendiente.

El desenlace fue aún más elocuente: la normativa previó la transformación del juzgado civil y comercial creado sin funcionar en un Juzgado de Familia del Departamento Judicial Bahía Blanca. Así, el órgano pensado para resolver conflictos patrimoniales, contractuales y comerciales terminó reconvertido hacia una agenda de familia, sin haber llegado siquiera a operar como estaba previsto. La reconversión selló su destino.

Para Coronel Suárez, la historia deja una lección sobre la diferencia entre crear un órgano y garantizar su funcionamiento. La Ley 11.078 reconoció una necesidad territorial real, pero la falta de implementación transformó una conquista institucional en una promesa incumplida, cuya reconversión final confirma que el juzgado civil y comercial soñado en la gestión de Cafiero nunca llegó a ser. El tiempo terminó confirmando aquella ausencia.