La controversia entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por el destino de las contribuciones del personal no docente mantiene en vilo a cientos de establecimientos. Las intimaciones de ARCA abren la posibilidad de reclamos por pagos duplicados, mientras la Justicia debe definir qué régimen previsional corresponde aplicar.
Cientos de colegios privados bonaerenses atraviesan un escenario de incertidumbre por los aportes previsionales de su personal no docente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a intimar a instituciones que depositaron esos fondos en el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial, en lugar de ingresarlos al sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La controversia se originó a partir de una decisión legislativa bonaerense que dispuso el traspaso del personal no docente de los colegios privados desde el régimen previsional nacional al provincial. El sector comprende a empleados administrativos, personal de maestranza, auxiliares y docentes extraprogramáticos.
La medida abrió una disputa de competencias entre ambas jurisdicciones, cuya resolución resulta determinante para las obligaciones de las instituciones educativas. El problema se agravó con la emisión de notificaciones formales mediante las cuales ARCA reclama el ingreso de las contribuciones previsionales a través del Formulario 931.
Según las informaciones publicadas, el organismo también cuenta con un listado de establecimientos identificados por presuntos incumplimientos. La situación expone a las escuelas a posibles reclamos administrativos y fiscales, pese a que algunas ya habrían transferido los fondos al organismo previsional bonaerense.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que la posición institucional es «preferir no innovar» hasta que los tribunales superiores resuelvan la controversia. El dirigente procuró ilustrar la dificultad con una comparación: «Es como si hoy hay una ruta nacional y mañana la legislatura dice “esta ruta ahora es provincial”».
La analogía refleja la incertidumbre sobre qué normativa deben cumplir los establecimientos. El conflicto se encuentra abierto en dos ámbitos judiciales. En la provincia de Buenos Aires, AIEPA presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para obtener una definición que otorgue seguridad jurídica a las instituciones.
Mientras tanto, en el plano nacional, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con intervención de la Procuración del Tesoro, para cuestionar el traspaso y defender la competencia federal. Uno de los principales temores del sector es que los colegios deban afrontar una doble obligación de pago.
Esto podría ocurrir si las instituciones que ya depositaron sus contribuciones en el IPS son igualmente obligadas a ingresar esos mismos conceptos al sistema nacional. La eventualidad de nuevos desembolsos o ejecuciones fiscales compromete la planificación financiera de los establecimientos, que continúan sin una resolución definitiva sobre el destino de los fondos.
La falta de una definición también repercute sobre los trabajadores. Según los porcentajes difundidos, el aporte personal previsto para el régimen del IPS es del 16% de la remuneración, mientras que la retención correspondiente a la ANSES es del 11%. La diferencia de cinco puntos porcentuales puede modificar el salario de bolsillo del personal no docente. A ello se suman las diferencias entre las contribuciones patronales exigidas por los dos sistemas previsionales.
Para las instituciones educativas, la demora judicial representa una dificultad adicional en un contexto de costos salariales y operativos crecientes. Sin una indicación definitiva sobre el régimen aplicable, los colegios deben afrontar decisiones administrativas y contables que pueden tener consecuencias económicas relevantes.
AIEPA reclama una respuesta que permita establecer con claridad dónde corresponde depositar los aportes y evite que los establecimientos queden expuestos a obligaciones contrapuestas. En paralelo, los colegios privados bonaerenses afrontan otra presión: la actualización de las cuotas. El Gobierno provincial autorizó para los establecimientos con subvención estatal aumentos de hasta el 3% en noviembre y otro 3% en diciembre de 2026.
Los topes varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte público que recibe cada institución, por lo que los importes finales difieren entre escuelas. Las actualizaciones fueron solicitadas por AIEPA tras los acuerdos salariales docentes. Sin embargo, la entidad advirtió que los incrementos autorizados no compensan todos los costos afrontados por los colegios.
Según sus estimaciones, las diferencias acumuladas equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual, debido a que los aumentos salariales suelen aplicarse antes de que puedan modificarse los aranceles. Los establecimientos que reciben subvención estatal necesitan autorización de la Dirección General de Cultura y Educación para modificar las cuotas.
En cambio, los colegios sin aporte estatal pueden ajustar sus aranceles según sus costos y los aumentos salariales, sin requerir esa autorización previa. Ambos sectores deben afrontar sus obligaciones económicas, aunque funcionan bajo condiciones regulatorias diferentes.
Así, el sector educativo privado enfrenta dos problemas simultáneos: la indefinición sobre el destino de los aportes previsionales del personal no docente y la dificultad de trasladar oportunamente los incrementos de costos a las cuotas. Mientras las causas judiciales siguen abiertas, las escuelas aguardan reglas claras para calcular sus obligaciones, evitar eventuales pagos duplicados y planificar sus recursos sin sumar incertidumbre a trabajadores y familias.
Fuentes consultadas: 0221 — informe sobre las intimaciones de ARCA; El Día — desarrollo del conflicto previsional; Infobae — actualización de las cuotas escolares
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