Frente a la plaza principal de Coronel Suárez, cinco locales contiguos permanecen cerrados. A una cuadra, otros cuatro muestran abandono y deterioro. La postal, que se repite en distintas ciudades argentinas, invita a reflexionar sobre el futuro del comercio, el valor del trabajo y la responsabilidad del Estado ante una economía que transforma oportunidades en incertidumbre.
Hay imágenes que una ciudad no debería acostumbrarse a mirar. En pleno centro de Coronel Suárez, frente a la plaza principal, cinco locales contiguos permanecen cerrados; a una cuadra, en la esquina de Mitre y Rivadavia, otros cuatro exhiben abandono y deterioro. No son solamente vidrieras apagadas: son señales visibles de una actividad que se detuvo y de una pregunta que la comunidad ya no puede postergar.
Detrás de cada persiana hubo una apuesta: alguien que reunió ahorros, pidió un crédito, aprendió un oficio, contrató personal o imaginó un futuro propio. Hubo mañanas de abrir temprano, clientes conocidos, cuentas que cerrar y familias que dependían de ese ingreso. Cuando un comercio desaparece, no se pierde únicamente un punto de venta; también se apagan rutinas, vínculos y una parte de la vida compartida de la ciudad.
Sería simplista atribuir todos los cierres a una sola causa. La caída del consumo, los alquileres, los servicios, los impuestos, el crédito, los cambios tecnológicos y las ventas por internet pueden combinarse de manera distinta en cada negocio. Pero tampoco alcanza con llamar a todo “cambio de época”: detrás de esa expresión hay condiciones de mercado y consecuencias concretas para quienes viven de vender y producir.
Las señales se repiten en otras ciudades. En marzo de 2026, LA NACION informó que aumentaba la vacancia comercial en las principales arterias porteñas, en un escenario marcado por el consumo débil, los alquileres y el comercio electrónico. En octubre, EFE difundió datos de CEPA: 32.290 empresas dejaron de operar entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Son cifras nacionales, no un relevamiento de Suárez, pero describen una tendencia preocupante.
Frente a este panorama surge una discusión de fondo: ¿debe el Estado intervenir para evitar que se debilite el tejido comercial o dejar que la economía funcione con la menor intervención posible? La respuesta no debería reducirse a consignas. La actividad privada necesita reglas previsibles y libertad para emprender; a la vez, el Estado puede amortiguar crisis, facilitar crédito y sostener condiciones para competir.
Intervenir no significa mantener abierto cualquier negocio ni garantizar ganancias. Significa crear condiciones para que trabajar y producir sea viable: estabilidad normativa, infraestructura, capacitación, acceso al financiamiento, alivio tributario bien diseñado y políticas que fortalezcan el consumo. También exige diálogo sobre alquileres y costos, porque un local vacío tampoco beneficia indefinidamente a quien lo posee.
El desafío es reconocer que la libertad económica y la responsabilidad pública no tienen por qué ser enemigas. Un mercado dinámico necesita consumidores con ingresos, pequeñas empresas capaces de invertir y reglas que eviten privilegios y barreras imposibles de superar. Cuando cierran negocios uno tras otro, la pregunta es qué condiciones permiten que nazcan otros y que el empleo no sea la primera variable de ajuste.
En Coronel Suárez, esas nueve puertas cerradas merecen más que resignación. Hace falta conocer las causas, conversar con comerciantes, propietarios, trabajadores y autoridades, y construir respuestas locales sin desconocer el contexto nacional. Cada persiana baja puede ser el final de un proyecto, pero no debería convertirse en una postal inevitable. Una ciudad viva necesita calles habitadas, trabajo digno y oportunidades para volver a empezar.
El Estado, el mercado y la responsabilidad de no mirar hacia otro lado …
La discusión no consiste en elegir entre un Estado que controle cada decisión económica y otro que permanezca indiferente ante sus consecuencias. Consiste en determinar qué políticas permiten emprender, invertir, contratar y consumir sin que los costos de una crisis recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. La libertad económica necesita oportunidades reales; de lo contrario, el derecho a emprender puede convertirse en una posibilidad reservada para quienes tienen mayor respaldo financiero.
También es necesario reconocer que los comerciantes no son un grupo homogéneo. Algunos negocios se adaptan, otros cambian de ubicación y algunos no logran sobrevivir. La digitalización abre oportunidades, pero exige recursos y capacidades que no todos poseen. Por eso, las respuestas deben combinar iniciativa privada, capacitación, financiamiento, reglas claras y políticas públicas evaluables, sin prometer que toda actividad podrá sostenerse indefinidamente.
Quizás lo más doloroso de estas nueve persianas no sea únicamente lo que muestran, sino aquello que no vemos: la conversación familiar sobre cómo llegar a fin de mes, el trabajador que perdió su puesto, el comerciante que agotó sus ahorros y el propietario que no consigue volver a alquilar. La economía suele expresarse en porcentajes, pero sus consecuencias se viven en hogares concretos, en proyectos postergados y en la incertidumbre de quienes no saben cómo será el día siguiente.
Coronel Suárez no puede resolver por sí sola todos los problemas de la economía argentina, pero sí puede convertir esta preocupación en una conversación colectiva. Escuchar al comercio, conocer los costos que enfrenta, promover nuevas actividades y exigir políticas eficaces son pasos posibles. Las persianas cerradas no deberían servir para repartir culpas apresuradas, sino para identificar problemas y buscar soluciones. Porque detrás de cada local vacío hubo una historia y todavía puede existir una oportunidad.
La pregunta final no es solamente por qué cierran los comercios, sino qué estamos dispuestos a hacer para que vuelvan a abrir. Si aceptamos estas imágenes como parte inevitable del paisaje, corremos el riesgo de acostumbrarnos también a la pérdida de empleo, al deterioro urbano y a la desaparición de proyectos familiares. Una comunidad no puede garantizar el éxito de todos, pero sí discutir qué condiciones necesita para que trabajar, invertir y construir un futuro siga siendo una posibilidad concreta.
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