La tragedia de Pirovano volvió a poner en el centro de la agenda regional una pregunta incómoda: qué sustancias, en qué condiciones y con qué controles pueden convivir con familias que habitan zonas rurales. Cinco allanamientos simultáneos en Pirovano y Daireaux permitieron secuestrar una fumigadora, tres teléfonos celulares y documentación, en una causa que investiga la muerte de una madre y sus dos hijos adolescentes.
El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Carlos Villamarín, y encabezado por la fiscal Julia María Sebastián, titular de la Fiscalía Nº 15 de Bolívar. Participaron el Comando de Prevención Rural de Bolívar, la SubDDI, la Comisaría Primera y agentes del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, un despliegue que revela la complejidad técnica del expediente judicial y la necesidad de pericias especializadas.
Las autopsias determinaron que las tres víctimas murieron por intoxicación con monóxido de carbono y “otros tóxicos”, aunque aún no fueron identificadas las sustancias adicionales involucradas. La hipótesis de la exposición a agroquímicos ganó terreno por testimonios que mencionaron un fuerte olor en la zona y tareas de fumigación previas al hallazgo de los cuerpos en la vivienda rural del partido de Bolívar.
La causa se inició el 29 de octubre, cuando una mujer y sus hijos de 15 y 17 años fueron encontrados sin vida en una vivienda rural ubicada a unos 15 kilómetros de Pirovano, partido de Bolívar. Dos hermanos, de 18 y 24 años, sobrevivieron al episodio y fueron asistidos en Olavarría con tratamiento en cámara hiperbárica, mientras la Justicia aguarda nuevas pericias toxicológicas para precisar el cuadro.
Para Coronel Suárez, el caso no es lejano. Pirovano pertenece al partido de Bolívar y se ubica a unos 107 kilómetros en línea recta de la ciudad; por caminos rurales y rutas provinciales, el recorrido práctico ronda los 130 kilómetros. La cercanía relativa y los vínculos productivos del sudoeste bonaerense hacen que la discusión sobre aplicaciones de agroquímicos trascienda los límites distritales.
El allanamiento y el secuestro de una fumigadora no prueban, por sí solos, una responsabilidad penal. Pero sí obligan a reconstruir con rigor qué se aplicó, cuándo, con qué autorización y a qué distancia de viviendas habitadas. Mientras las pericias avancen, Pirovano concentra una angustia que también interpela a municipios vecinos: la seguridad sanitaria rural no puede quedar librada a la memoria de los testigos.
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