Brasil dio un giro abrupto a su política sobre las apuestas online. El 25 de septiembre, una medida provisoria prohibió en todo el territorio nacional la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, tanto sobre eventos deportivos como sobre juegos online. La decisión alcanzó también a operadores radicados en el exterior que ofrezcan sus servicios a personas ubicadas en Brasil.
Dos días después, una fuerza conjunta de los ministerios de Justicia y Hacienda informó que había derribado 506 sitios con indicios de oferta irregular. El dato no significa que fueran 506 empresas legales eliminadas, sino dominios sospechosos alcanzados por la nueva política. El objetivo declarado es impedir que las plataformas prohibidas continúen operando mediante nuevas direcciones, aplicaciones, anuncios o mecanismos digitales.
La ofensiva también se trasladó a la publicidad. Un relevamiento del Laboratorio de Operaciones Cibernéticas detectó siete anuncios en Meta y cerca de 1.960 en Google vinculados con siete dominios, entre el 25 y el 27 de septiembre. El informe advirtió que algunos contenidos ofrecían bonos, invitaban a registrarse o utilizaban identidades y enlaces que podían dificultar la identificación del verdadero anunciante.
El motivo central expresado por el Gobierno brasileño está relacionado con la protección de las familias y prevenir el endeudamiento. El paquete anunciado junto con la prohibición incluyó medidas para facilitar la renegociación de deudas. La norma crea un comité interinstitucional para fiscalizar la explotación y la publicidad ilegal, mientras se impulsa una respuesta contra operadores y redes que intenten eludir las restricciones.
La medida brasileña incluye además la protección de niños y adolescentes. En julio, antes de la prohibición general, los ministerios de Justicia, Hacienda y Comunicación habían establecido reglas para impedir publicidad de apuestas dirigida a menores y exigir controles sobre los anunciantes. La experiencia muestra que la discusión no se limita al sitio donde se apuesta: alcanza también a la publicidad, los intermediarios y el acceso digital.
En Argentina el escenario es diferente y requiere distinguir jurisdicciones. La regulación de las apuestas online corresponde en buena medida a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, aunque existen normas nacionales sobre publicidad. En julio de 2026, por ejemplo, la Justicia ordenó bloquear 537 sitios ilegales en la provincia de Buenos Aires, en una causa por explotación ilegal de juegos y apuestas online.
La experiencia bonaerense ofrece un elemento concreto para el debate argentino: el bloqueo de sitios ilegales ya es una herramienta utilizada, pero su alcance depende de investigaciones, decisiones judiciales y coordinación tecnológica. La legislación nacional también contempla advertencias obligatorias en la publicidad de juegos y apuestas online, como “+18” y la indicación sobre los riesgos del juego compulsivo, según la normativa vigente.
Otra herramienta argentina es la autoexclusión. El Ministerio de Economía dispone de un mecanismo que permite restringir el acceso a plataformas autorizadas por un período determinado o indefinido. El sistema apunta a prevenir y reducir daños cuando las apuestas afectan la salud, las finanzas o los vínculos. Su existencia plantea una alternativa de protección individual dentro de un sistema que todavía permite operadores regulados.
¿Qué podría discutirse a partir del caso brasileño? Entre las opciones aparecen fortalecer el bloqueo de dominios ilegales, impedir sus transacciones financieras, controlar publicidad y afiliados, mejorar la identificación de usuarios, ampliar la protección de menores y coordinar a organismos nacionales y provinciales. También podría evaluarse su impacto sobre el mercado clandestino, la fiscalización y las actividades económicas vinculadas.
Por ahora, el balance sobre los efectos de la prohibición brasileña debe ser prudente: la medida es reciente y todavía no existe evidencia suficiente para medir sus consecuencias. Sí puede observarse una estrategia definida de cierre de sitios, vigilancia de anuncios y cooperación estatal. Para Argentina, el caso constituye un antecedente para analizar resultados, costos y mecanismos de control antes de adoptar cambios de alcance nacional.
Fuentes: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ministerio de Hacienda de Brasil, Presidencia de Brasil, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y normativa argentina vigente.
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