El sistema de Bomberos Voluntarios atraviesa un atraso en la distribución del subsidio nacional previsto por la Ley 25.054. La situación genera preocupación entre las asociaciones, ya que el aporte correspondiente al ejercicio 2026 fue formalmente asignado en enero, pero distintas instituciones todavía aguardan la acreditación. En la provincia de Buenos Aires, según la Federación bonaerense, menos de la mitad de los cuarteles habría cobrado.
La normativa vigente establece que el subsidio se financia mediante una contribución obligatoria del cinco por mil de las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida, a cargo de las compañías aseguradoras. La Superintendencia de Seguros de la Nación recauda esos fondos y debe girarlos para su distribución. La ley también establece que el subsidio debe cumplirse dentro de los primeros seis meses de cada año.
Un punto que requiere especial precisión es el porcentaje de financiamiento. La legislación actual no establece un aporte del 5% de cada póliza, sino del 5‰, equivalente al 0,5% de las primas de seguros alcanzadas. Se trata de una diferencia significativa respecto de la cifra mencionada en algunas versiones de la información. El aporte, además, no puede ser trasladado por las aseguradoras al precio que pagan los tomadores.
En enero, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó mediante la Resolución 91/2026 la distribución del subsidio correspondiente a las asociaciones de primer grado. La norma destinó $100.810.319.998,50 a 1.062 entidades de todo el país, con una asignación individual de $94.924.971,75 para cada asociación. Los recursos tienen como destino la compra y mantenimiento de equipamiento y elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil.
La misma resolución contempló fondos adicionales para las entidades de segundo grado provinciales y otros organismos del sistema. En particular, se asignaron $7.754.639.995,93 a las federaciones provinciales para gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las obligaciones legales. Otro monto de igual magnitud fue destinado a capacitación, mientras que la Agencia Federal de Emergencias recibió recursos específicos para fiscalización, equipamiento y otras tareas.
Sin embargo, la existencia de una asignación presupuestaria no significa necesariamente que los fondos hayan sido acreditados de manera inmediata en las cuentas de cada institución. Un caso registrado en febrero fue el de los Bomberos Voluntarios de Cacharí, que aclararon públicamente que los casi $95 millones previstos por la Resolución 91/2026 todavía no habían sido depositados en su cuenta y que correspondían al esquema habitual establecido por la Ley 25.054.
De acuerdo con lo señalado por Franco Canepare, vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, el retraso alcanza a una proporción importante de las instituciones bonaerenses. En declaraciones difundidas por LU32 Radio Olavarría, el dirigente sostuvo que para agosto todavía no se había alcanzado el 50% de los cuarteles que habían percibido el subsidio correspondiente, situación que preocupa especialmente a las entidades más pequeñas.
La provincia de Buenos Aires concentra 270 asociaciones de Bomberos Voluntarios, por lo que cualquier demora en la llegada de los recursos tiene una incidencia considerable sobre el sistema. Córdoba también presenta una cantidad importante de instituciones, mientras que el esquema nacional comprende 1.062 asociaciones. La distribución igualitaria del componente destinado a las entidades de primer grado fue establecida en la normativa y quedó reflejada en la resolución publicada en enero.
Para los cuarteles, estos fondos tienen una importancia central porque permiten sostener inversiones vinculadas con vehículos, herramientas, vestimenta, equipos de protección y otros elementos necesarios para responder ante incendios y emergencias. La Ley 25.054 establece precisamente que el subsidio debe orientarse a la adquisición y conservación de materiales destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población.
El atraso adquiere mayor relevancia por el carácter operativo del servicio que prestan las asociaciones. Los Bomberos Voluntarios intervienen gratuitamente ante incendios, siniestros y catástrofes, y la legislación reconoce entre sus funciones la prevención, la extinción del fuego y la protección de vidas y bienes. Por eso, la disponibilidad de equipamiento y el mantenimiento de los recursos materiales resultan determinantes para garantizar una respuesta adecuada frente a las emergencias.
La discusión sobre los fondos nacionales no es nueva y también involucra el mecanismo mediante el cual se financia el sistema. El propio Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recordó que se trata de recursos genuinos provenientes de la contribución obligatoria establecida por ley y recaudados a través de la Superintendencia de Seguros. La normativa vigente determina además distintos porcentajes para asociaciones, federaciones, capacitación, fiscalización y funcionamiento institucional.
Mientras los cuarteles esperan la normalización de las transferencias, el Gobierno nacional avanzó este año con nuevas reglas administrativas para el sistema. En marzo, el Ministerio de Seguridad Nacional creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y aprobó un reglamento específico para la gestión y rendición de los subsidios. La medida establece criterios obligatorios para las instituciones que reciben fondos bajo el régimen de la Ley 25.054.
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