El crecimiento del endeudamiento familiar regresó al centro de la agenda del Congreso. Diputados de bloques opositores impulsaron iniciativas para regular el crédito ofrecido por billeteras virtuales y plataformas fintech, en un contexto de aumento de la morosidad. Entre ellas se encuentra la propuesta del diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, que apunta a limitar prácticas abusivas y crear herramientas de rehabilitación financiera.
El escenario que motiva el debate muestra un deterioro significativo. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central correspondiente a mayo de 2026, la mora de las familias alcanzó el 12,8% en el sistema bancario. En el segmento no bancario, la irregularidad llegó al 28,7%, de acuerdo con datos de EcoGo citados en los informes, impulsada por los préstamos personales, con una mora del 34,1%, y las tarjetas de crédito, con 19,4%.
El proyecto de Juliano busca actuar sobre el denominado crédito impulsivo, ofrecido mediante aplicaciones y billeteras digitales. La iniciativa exige que las entidades financieras y fintech analicen la situación económica del solicitante antes de otorgar nuevo financiamiento, para evitar que una persona acumule obligaciones en diferentes plataformas hasta formar una deuda impagable. El objetivo es sumar responsabilidad al otorgar.
Otro eje apunta a las herramientas digitales usadas para estimular el crédito. La propuesta plantea regular los llamados “dark patterns” y la gamificación: interfaces que pueden ocultar el costo real del financiamiento, acelerar decisiones o insistir con ofertas de préstamos preaprobados. También exige algoritmos transparentes, auditables y con revisión humana, y evitar decisiones de endeudamiento poco informadas.
La iniciativa también incorpora límites ante las cobranzas abusivas y busca impedir prácticas de hostigamiento, intimidación o violencia económica durante la mora. Juliano sostuvo que las billeteras virtuales deberían cumplir estándares similares a las tarjetas bancarias y cuestionó que algunas plataformas ofrezcan nuevos préstamos a personas ya endeudadas para cancelar créditos anteriores, y generar un circuito de refinanciación difícil de cortar.
Para quienes se encuentran en una situación de insolvencia o sobreendeudamiento estructural, el proyecto propone un procedimiento judicial de rehabilitación financiera. El mecanismo contempla la reestructuración de obligaciones mediante planes acordes con los ingresos reales, la adecuación de intereses, cargos y penalidades, y la suspensión temporal de ejecuciones que puedan comprometer la subsistencia digna o afectar bienes esenciales.
La propuesta incorpora además una figura de “segunda oportunidad” para consumidores de buena fe. Si el deudor cumple sustancialmente con el plan de pagos aprobado judicialmente, el juez podría disponer la extinción total o parcial de las deudas pendientes. La intención, según explicó el legislador, busca evitar que una crisis financiera condene a una persona a la exclusión económica. El mecanismo apunta a facilitar una recuperación responsable.
El debate parlamentario ocurre mientras crece la preocupación por el impacto social del sobreendeudamiento. Juliano sostiene que, cuando las familias se endeudan para cubrir alimentos, medicamentos o gastos esenciales, el problema deja de ser exclusivamente privado. La deuda acumulada puede afectar consumo, comercio, empleo y crédito. Por eso reclama una intervención regulatoria antes de que la situación se agrave.
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