La revelación sobre el manejo del SisVial abre un debate que va más allá de las cuentas públicas: qué ocurre cuando recursos creados con una finalidad específica permanecen invertidos financieramente mientras las obras viales avanzan a un ritmo mucho menor. El punto central no es solamente cuánto dinero hay, sino qué destino establece la ley y qué controles existen sobre su utilización.
El Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una discusión que excede el debate sobre el déficit: qué ocurre con los recursos creados para un destino específico cuando el Estado decide priorizar el equilibrio fiscal. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los fondos del SisVial es dispuesta por Economía, aunque no precisó cuánto se aplica efectivamente al mantenimiento de las rutas nacionales.
La cuestión es relevante porque el SisVial no nació como una caja de libre disponibilidad. El sistema forma parte del fideicomiso de infraestructura creado por el Decreto 976/01 y recibe recursos vinculados a los impuestos sobre los combustibles. La normativa estableció un esquema de afectación para infraestructura vial, aunque modificaciones posteriores incorporaron otros destinos dentro del sistema de transporte. El debate merece atención.
Según la reconstrucción publicada por La Nación a partir de balances, informes y documentos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1,503 billones y ejecutó $394.406 millones. Eso implica que cerca de tres cuartas partes de los recursos no fueron aplicadas a obras viales durante el período analizado, mientras una parte importante permanecía colocada en instrumentos financieros.
El dato más llamativo aparece al observar el cierre de mayo. La investigación periodística señaló que el fideicomiso mantenía unos $1,001 billones en títulos públicos y plazos fijos, además de $37.761 millones en una cuenta corriente.
No significa que esos recursos hayan desaparecido ni que necesariamente se hayan gastado en otros fines: permanecían colocados mientras la inversión vial avanzaba a un ritmo menor que la recaudación específica.
Aquí aparece el núcleo del debate. Para el Gobierno, preservar el equilibrio fiscal es una condición central de su programa económico y busca evitar emisión y endeudamiento. Pero cuando un recurso tiene una finalidad legal determinada, la pregunta deja de ser solamente económica y pasa a ser institucional: ¿hasta dónde puede el Poder Ejecutivo administrar esos fondos sin alterar el destino para el cual fueron creados?
También hay una consecuencia concreta que no puede reducirse a una planilla contable. Las rutas nacionales necesitan mantenimiento permanente: su deterioro eleva costos de transporte, daña vehículos, aumenta tiempos de viaje y puede afectar la seguridad vial. Por eso, cada peso que permanece sin convertirse en obra debe analizarse también como una inversión que todavía no llegó a la infraestructura.
Tampoco debería convertirse en una comparación simplista con administraciones anteriores. El deterioro de las rutas argentinas es un problema de larga duración y atraviesa gobiernos de distintos signos. La diferencia del actual esquema es que el Gobierno hizo del equilibrio fiscal una prioridad y administra recursos con afectación específica que hoy acumulan un gran stock financiero. Esa combinación merece controles y explicaciones públicas.
En definitiva, el problema no es solamente cuánto se recauda o ejecuta, sino si las reglas se cumplen, quién controla las decisiones y qué resultados obtiene la sociedad. Si el objetivo es sanear las cuentas públicas, debe explicarse bajo qué norma se mantienen fondos viales en inversiones y cuándo regresarán a las rutas. El equilibrio fiscal puede ser una meta legítima, pero no debería convertirse en una respuesta para eludir destinos legales.
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