Mientras los conductores pagan cada vez más impuestos cada vez que cargan combustible, el deterioro de las rutas nacionales expone una contradicción que preocupa a sectores productivos, transportistas y usuarios. En la provincia de Buenos Aires, donde circulan gran parte de las cargas agrícolas e industriales del país, la falta de mantenimiento y obras genera reclamos por seguridad, costos y competitividad.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados al sistema vial crecieron muy por encima de la inflación, pero la ejecución presupuestaria de Vialidad Nacional cayó de manera significativa. Según el estudio, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el tributo aumentó 1.265% nominal, frente a una inflación acumulada cercana al 320%.
El análisis del IAG señala que, a valores constantes de junio de 2026, la recaudación acumulada con destino vial habría alcanzado unos $2,036 billones, mientras que el gasto efectivamente aplicado por Vialidad Nacional habría sido de aproximadamente $676.999 millones. La diferencia, cercana a $1,35 billones, equivale según el organismo a recursos suficientes para mantener miles de kilómetros de rutas durante un año.
La situación se refleja directamente sobre el pavimento. El mismo informe indica que el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó fuertemente entre 2023 y 2025, mientras que en Buenos Aires la reducción real de fondos destinados a obras viales habría alcanzado el 85,4%. El impacto se observa en corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 5, 7 y 33, donde se multiplican los reclamos.
Un relevamiento citado por el instituto sostiene que más de la mitad de las rutas nacionales bonaerenses presenta condiciones deficientes, mientras que organismos vinculados a trabajadores viales advierten que entre el 65% y el 70% de la red nacional se encuentra en estado regular o malo. La falta de mantenimiento no solo afecta la circulación diaria, sino también la producción, el transporte y la seguridad de quienes transitan.
El costo de postergar las obras también aparece como una preocupación central. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción difundidas por el IAG, mantener las redes viales nacionales y provinciales requiere unos US$4.200 millones anuales, mientras que recuperar la infraestructura deteriorada demandaría una inversión cercana a los US$40.000 millones. La demora, aseguran especialistas, encarece las soluciones futuras.
El reclamo trascendió los informes técnicos y llegó al sector empresario. Entidades como CAME y FEBA acompañaron pedidos para garantizar que los recursos del impuesto a los combustibles sean utilizados efectivamente en infraestructura vial. Desde el interior bonaerense advierten que el mal estado de las rutas afecta la logística, incrementa los costos del transporte y limita la actividad económica regional.
La discusión también ingresó al terreno político. Funcionarios bonaerenses cuestionaron que se mantenga la presión impositiva sobre los usuarios mientras continúan pendientes obras y tareas de conservación. Desde distintos sectores opositores reclamaron conocer el destino de los fondos recaudados y plantearon la necesidad de establecer mecanismos que aseguren su aplicación específica en caminos y rutas.
En paralelo, el Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema de concesiones viales mediante peajes, con el objetivo de ampliar la participación privada en el mantenimiento de corredores nacionales. Sin embargo, la discusión permanece abierta sobre si ese modelo permitirá resolver el deterioro acumulado o si será necesario un mayor compromiso estatal para recuperar una infraestructura considerada clave para el desarrollo.
La Ruta Nacional 5 se convirtió en uno de los símbolos del reclamo. Empresarios, vecinos y especialistas impulsan que la finalización de la autovía entre Mercedes y Santa Rosa sea asumida como una política de Estado más allá de los gobiernos de turno. La pregunta que atraviesa el debate es simple pero profunda: si los argentinos pagan más por circular, ¿por qué las rutas siguen esperando las inversiones que necesitan?
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