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El Gobierno autoriza camiones más grandes mientras las rutas están detonadas

El Gobierno nacional amplió los límites de peso y dimensiones para los vehículos de transporte automotor de cargas y pasajeros. La modificación alcanza al Anexo R del Decreto 779/95 e incorpora adecuaciones para unidades propulsadas a GNC. La decisión llega cuando trabajadores de Vialidad advierten que una parte sustancial de la red nacional presenta condiciones regulares o malas.

La nueva normativa introduce cambios en las longitudes máximas permitidas para distintos tipos de vehículos. Entre ellos, los camiones con articulación simple podrán alcanzar los 19,60 metros, mientras que los bitrenes tendrán longitudes que pueden llegar hasta los 31,25 metros, según la configuración. El objetivo oficial es adecuar las reglas a las nuevas tecnologías y necesidades del transporte de cargas.

También se incorporaron disposiciones vinculadas con los neumáticos denominados “súper anchos”, destinados a optimizar el funcionamiento de vehículos a GNC. Las medidas admitidas incluyen 385/65 R22,5, 425/65 R22,5 y 445/65 R22,5. Son cubiertas que pueden alcanzar casi 45 centímetros de ancho y que permiten responder a las exigencias específicas de este tipo de unidades.

El punto que genera preocupación aparece al mirar simultáneamente el estado de la infraestructura. Mientras se habilitan vehículos de mayores dimensiones, las rutas nacionales atraviesan un proceso de deterioro que los trabajadores viales califican como crítico. El contraste resulta inevitable: camiones cada vez más grandes deberán circular sobre corredores cuya conservación viene acumulando deficiencias y demoras.

El informe de abril elaborado por FEPEVINA señala que solo el 48,1% de la Red Vial Nacional evaluada alcanza un Índice de Estado considerado bueno. El dato, además, tiene una limitación: las mediciones disponibles cubren menos de la mitad de la red. A partir de sus relevamientos territoriales y de los registros existentes, la federación proyecta que más del 70% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en estado regular o malo.

La situación no se reduce a una cuestión de comodidad para quienes viajan. FEPEVINA advierte que existen tramos donde el deterioro del pavimento reduce la velocidad media de circulación hasta unos 60 kilómetros por hora. También señala que las calzadas deformadas, la falta de mantenimiento y otros problemas de infraestructura incrementan los costos de operación, afectan la fluidez del tránsito y pueden elevar el riesgo de siniestros.

El problema adquiere otra dimensión cuando se considera el peso del transporte pesado sobre el pavimento. Un vehículo de gran porte transmite cargas considerablemente superiores a las de un automóvil y puede acelerar el desgaste de una calzada que ya presenta fallas estructurales. Por eso, la discusión no pasa solamente por si un camión puede circular legalmente, sino por si la infraestructura está preparada para soportar de manera segura ese tránsito.

El propio informe de FEPEVINA plantea que el deterioro de la red genera consecuencias económicas además de viales. La federación estima que por cada peso que no se invierte oportunamente en mantenimiento pueden ser necesarios entre tres y cinco pesos para una rehabilitación posterior. Es decir, el abandono de las tareas preventivas no elimina el costo: lo desplaza hacia adelante y puede multiplicarlo.

La tensión queda expuesta en una misma fotografía: por un lado, la normativa se actualiza para acompañar vehículos de mayor capacidad y nuevas tecnologías; por otro, la red sobre la que esos vehículos deben desplazarse acumula deterioro. El desafío será determinar si la ampliación de las posibilidades del transporte estará acompañada por inversiones suficientes para garantizar que las rutas puedan soportarlas.

En definitiva, una ruta no se adapta a un camión mediante un decreto. Necesita pavimento en condiciones, puentes seguros, banquinas transitables, señalización, controles y mantenimiento permanente. Ampliar las dimensiones permitidas puede responder a una necesidad logística real, pero hacerlo sobre una infraestructura deteriorada abre una pregunta inevitable: ¿quién garantiza que el camino está preparado para soportar aquello que la norma acaba de autorizar?

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