El sistema financiero argentino atraviesa una situación que desconcierta a ahorristas, familias y empresas. Mientras las tasas que los bancos pagan por los depósitos continúan descendiendo en línea con la desaceleración de la inflación y la política monetaria, el costo de los préstamos permanece elevado. La brecha plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de la normalización económica y sus efectos sobre la actividad productiva.
En teoría, una baja del costo del dinero debería trasladarse gradualmente al crédito. Sin embargo, esa relación hoy aparece debilitada. Las entidades financieras sostienen que el precio de los préstamos no depende únicamente de la tasa de referencia del Banco Central, sino también del riesgo de incumplimiento, el costo operativo, las exigencias regulatorias y el nivel de previsiones que deben constituir para cubrir posibles pérdidas.
Uno de los factores que más preocupa al sector bancario es el aumento de la morosidad observado en algunas líneas de financiamiento. Aunque el sistema argentino mantiene indicadores de solvencia superiores a los mínimos regulatorios, el deterioro en la capacidad de pago de parte de los hogares obliga a las entidades a incorporar un mayor “premio por riesgo” al momento de fijar las tasas que cobran por prestar dinero.
A esa realidad se suma una elevada carga tributaria sobre la actividad financiera. Impuestos nacionales, provinciales y municipales, junto con gravámenes como Ingresos Brutos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, incrementan el costo de intermediación. Diversos especialistas coinciden en que esa estructura termina trasladándose, al menos en parte, al valor final que enfrentan quienes solicitan financiamiento.
También influye el cambio de escenario económico. Tras años de alta inflación, los bancos buscan adaptarse a un contexto donde el crédito vuelve a medirse en términos reales y ya no puede licuarse con el aumento sostenido de los precios. Esa transición obliga a recalcular márgenes, evaluar con mayor rigurosidad la capacidad de pago de los clientes y administrar el riesgo con criterios más conservadores.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, acceder a financiamiento continúa siendo un desafío. Muchas necesitan capital para invertir, ampliar su producción o sostener el capital de trabajo, pero encuentran tasas que reducen la rentabilidad de cualquier proyecto. En el caso de las familias, el costo del crédito también condiciona decisiones vinculadas al consumo, la vivienda y la adquisición de bienes durables.
La consecuencia es un circuito económico que avanza a dos velocidades. Los ahorristas reciben una remuneración cada vez menor por sus depósitos, mientras quienes necesitan financiamiento siguen enfrentando costos elevados. Esa diferencia mejora el margen financiero de las entidades, pero limita el efecto multiplicador que el crédito suele tener sobre el consumo, la inversión y la generación de empleo.
La experiencia internacional muestra que la reducción de las tasas activas suele producirse con demora respecto de la baja de las tasas pasivas. Sin embargo, cuando esa brecha se prolonga demasiado, puede afectar la confianza y retrasar la recuperación económica. El desafío para los próximos meses será encontrar un equilibrio que preserve la solidez del sistema financiero sin impedir que el crédito vuelva a convertirse en un motor del crecimiento.
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