Mientras millones de bonaerenses enfrentan diariamente problemas vinculados a la inseguridad, la crisis económica, la salud pública, la educación y el deterioro de la infraestructura, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires parece transitar un tiempo distinto. Un tiempo mucho más lento. Un tiempo donde las disputas internas, las negociaciones de poder y las diferencias partidarias parecen haber ocupado el lugar que deberían tener el debate y la producción legislativa.
Los datos conocidos en las últimas semanas resultan difíciles de ignorar. La Cámara de Diputados recién realizó su primera sesión ordinaria del año el 28 de mayo, casi cuatro meses después de la apertura oficial del período legislativo. Al mismo tiempo, el Senado provincial continúa sin haber celebrado una sesión ordinaria durante 2026.
Más allá de las explicaciones reglamentarias o de las negociaciones políticas que puedan existir detrás de escena, la pregunta que surge inevitablemente es otra: ¿puede la principal institución legislativa de la provincia más grande del país permitirse semejante nivel de inactividad en medio de una crisis que golpea a millones de ciudadanos?
La política suele argumentar, con razón, que la actividad parlamentaria no se limita a las sesiones. Existen reuniones de comisión, negociaciones, elaboración de proyectos y tareas territoriales que también forman parte del trabajo legislativo. Sin embargo, las sesiones representan algo más que una formalidad administrativa: son el momento donde las ideas se transforman en decisiones concretas, donde los proyectos avanzan y donde la representación democrática se vuelve visible para la sociedad.
Lo preocupante es que la parálisis parece estar vinculada, principalmente, a disputas internas relacionadas con el reparto de espacios de poder y la conformación de comisiones legislativas.
Diversos medios han señalado que las tensiones entre distintos sectores políticos vienen condicionando el funcionamiento normal de ambas cámaras. Y allí aparece el problema de fondo.
La ciudadanía no elige legisladores para que administren conflictos internos. Los elige para discutir leyes, controlar al Poder Ejecutivo y buscar soluciones a los problemas reales de la población. Cuando la agenda política queda atrapada en discusiones de funcionamiento interno, el riesgo es que las preocupaciones de la gente queden relegadas a un segundo plano.
La consecuencia es doblemente negativa. Por un lado, se retrasan proyectos que podrían impactar en la vida cotidiana de los bonaerenses. Por otro, crece la desconfianza social hacia las instituciones. Cada sesión que no se realiza, cada debate que se posterga y cada acuerdo que no llega alimentan la percepción de una política desconectada de las necesidades de quienes la sostienen con sus impuestos. La democracia necesita parlamentos activos, no solamente abiertos.
Necesita legisladores discutiendo ideas, impulsando iniciativas y rindiendo cuentas de su trabajo. Porque las crisis económicas no se toman pausa. La inseguridad no entra en cuarto intermedio. Los problemas de la salud pública no esperan acuerdos partidarios. Quizás la mayor reflexión que deja esta situación sea que la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de cómo fueron elegidas, sino también de cómo cumplen su función.
Y cuando una Legislatura sesiona poco, debate poco y produce poco, inevitablemente se abre una distancia entre los representantes y los representados. En un contexto donde la sociedad exige respuestas, eficiencia y compromiso, la mejor manera de defender la política no es explicar por qué no se sesiona. Es sesionar. Porque la democracia se fortalece trabajando, no esperando.
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