El debate por la denominada “Zona Fría” dejó de ser solamente una discusión tarifaria para transformarse en uno de los puntos más sensibles del ajuste energético impulsado por el Gobierno nacional. Detrás de las boletas de gas y de los descuentos que reciben millones de usuarios existe un complejo esquema legal y financiero que mueve miles de millones de pesos al año y que hoy vuelve a estar bajo revisión.
La discusión impacta de lleno en ciudades como Coronel Suárez, donde el frío extremo no es excepcional sino una constante estacional. Y mientras el Gobierno busca reducir subsidios y “focalizar” beneficios, aparece una pregunta central: ¿cómo se financia realmente la Zona Fría y qué gana el Estado con este recorte?
El régimen actual tiene su origen en la Ley 25.565 y fue ampliado de manera significativa por la Ley 27.637 en 2021. Esa ampliación incorporó a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país al esquema de descuentos sobre las tarifas de gas.
Actualmente, el sistema contempla descuentos del 30% y del 50% sobre la tarifa plena de gas para usuarios residenciales de zonas consideradas climáticamente desfavorables. El beneficio alcanza también a jubilados, beneficiarios de AUH, monotributistas sociales, electrodependientes, comedores comunitarios y asociaciones civiles, entre otros sectores vulnerables.
Pero uno de los aspectos menos conocidos es cómo se financia ese beneficio. El dinero no surge directamente del Tesoro Nacional, sino principalmente de un recargo que pagan todos los usuarios del servicio de gas natural del país en sus propias facturas. Ese adicional alimenta el denominado “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas”.
Es decir: millones de argentinos financian colectivamente el sistema mediante un porcentaje agregado en cada factura de gas. En 2025, ENARGAS actualizó ese recargo y estableció porcentajes que rondan entre el 6,43% y el 6,73% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Ese fondo fiduciario luego compensa a las distribuidoras por aplicar tarifas reducidas en las zonas alcanzadas por el régimen.
En términos prácticos, el esquema funciona como una redistribución interna dentro del sistema energético argentino: usuarios de regiones templadas o grandes centros urbanos ayudan a financiar parte del consumo residencial en regiones donde calefaccionarse resulta indispensable.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que el sistema actual se volvió demasiado amplio y costoso tras la expansión de 2021. Según la postura oficial, muchas personas incorporadas al beneficio no necesitarían realmente subsidios y el régimen habría perdido focalización. Por eso, el nuevo criterio apunta a restringir el acceso y revisar quiénes continúan recibiendo descuentos.
¿En qué se beneficia el Estado con este recorte? La respuesta es esencialmente fiscal. Reducir la cantidad de beneficiarios implica disminuir las compensaciones que el fondo fiduciario debe pagar a las empresas distribuidoras. Y eso permite aliviar parte del gasto vinculado al sistema energético, uno de los principales objetivos del plan de ajuste nacional.
Además, el Gobierno viene cuestionando en general el funcionamiento de los fondos fiduciarios, a los que considera estructuras poco transparentes y difíciles de controlar políticamente. Funcionarios nacionales y referentes libertarios sostienen que muchos fideicomisos públicos operaron durante años con escasa supervisión y exceso de gasto.
En ese contexto, avanzar sobre el régimen de Zona Fría también encaja dentro de una estrategia más amplia de reducción del peso del Estado y reorganización de subsidios. Sin embargo, el punto más delicado aparece cuando se analiza qué ocurrirá con el dinero que deje de utilizarse para subsidiar tarifas. Oficialmente, el Gobierno plantea que el objetivo es disminuir el déficit fiscal y reducir transferencias estatales vinculadas a la energía.
En otras palabras: parte de esos recursos contribuirían al equilibrio de las cuentas públicas, uno de los ejes centrales de la gestión económica actual. También existe otra consecuencia indirecta: al bajar el peso de subsidios energéticos, el Estado libera recursos para cubrir otras obligaciones financieras, deuda pública o áreas consideradas prioritarias dentro del esquema de ajuste.
No obstante, críticos del proyecto advierten que el ahorro fiscal podría lograrse a costa de trasladar el costo del ajuste a sectores medios y trabajadores del interior, especialmente en regiones donde el consumo elevado de gas responde a necesidades climáticas reales y no a consumos excesivos. Ahí es donde casos como el de Coronel Suárez adquieren relevancia simbólica y política.
Porque cuando una ciudad aparece entre las más frías del país, el debate deja de ser solamente contable. La discusión pasa a girar alrededor de qué se considera un gasto prescindible y qué constituye una necesidad básica. Y allí emerge una tensión cada vez más visible entre la lógica fiscal del ajuste y la realidad cotidiana de millones de hogares argentinos que enfrentan inviernos severos con salarios deteriorados y tarifas en constante aumento.
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