La discusión por una posible Ley de Suelos en la provincia de Buenos Aires abrió una nueva grieta dentro del agro bonaerense. Mientras sectores técnicos y ambientales alertan sobre el deterioro acelerado de los campos y reclaman una normativa específica para preservar el recurso, productores rurales y dirigentes del sector advierten que la iniciativa podría transformarse en “una VTV del campo”, sumar burocracia y convertirse en otra herramienta recaudatoria del Estado.
El debate volvió a encenderse durante el Congreso “A Todo Trigo 2026”, realizado en Mar del Plata, donde referentes técnicos, productores y ex funcionarios protagonizaron uno de los paneles más tensos del encuentro. El eje de la polémica es el anteproyecto impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), inspirado en modelos de manejo y conservación de suelos aplicados en Uruguay.
La propuesta contempla la creación de distritos de conservación, identificación de áreas críticas y la elaboración obligatoria de planes de uso y manejo del suelo con supervisión profesional. También prevé estímulos para quienes cumplan con las prácticas recomendadas y sanciones para quienes no respeten las pautas de conservación.
Desde CIAFBA sostienen que la situación actual exige medidas urgentes. Guillermo Studdert, integrante de la Comisión de Conservación de Suelos, aseguró que los campos bonaerenses atraviesan procesos crecientes de erosión hídrica y eólica, además de compactación y pérdida de fertilidad. Según explicó, la degradación avanza “a pasos agigantados” y amenaza la sustentabilidad futura de la producción agropecuaria.
En el mismo sentido, durante el panel se expuso el caso uruguayo como ejemplo exitoso. Sebastián Mazzilli, integrante del INIA de Uruguay, afirmó que el sistema de manejo de suelos aplicado en ese país permitió avanzar en controles efectivos, balances de carbono y conservación del recurso, gracias a una implementación gradual y consensuada.
Pero las voces críticas no tardaron en hacerse escuchar. Uno de los planteos más fuertes fue el de Gabriel Vázquez Amábile, integrante de CREA y productor del sudeste bonaerense, quien advirtió que existe preocupación …
… por el posible rumbo que podría tomar la norma. “Tememos que esto se convierta en una VTV”, señaló durante el debate, al comparar el eventual sistema de controles con las verificaciones obligatorias de vehículos.
Además, sostuvo que detrás de la iniciativa podría esconderse “un nuevo impuesto” o una estructura burocrática permanente sobre el productor agropecuario. El dirigente también cuestionó que se responsabilice únicamente al productor por el deterioro de los suelos y recordó que muchas decisiones productivas estuvieron condicionadas durante décadas por políticas económicas y comerciales.
“Abandonamos la rotación no por convencimiento sino por necesidad”, expresó, al mencionar las intervenciones históricas sobre la ganadería y la pérdida de superficie destinada a pasturas. Las críticas no se limitan al ámbito técnico. Entidades rurales y dirigentes opositores vienen manifestando reparos desde el año pasado.
Entre ellos aparece el diputado bonaerense Luciano Bugallo, quien advirtió que la ley podría transformarse en “una herramienta de persecución” y cuestionó especialmente la posibilidad de ampliar la intervención estatal sobre tierras privadas. Por su parte, el ex ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís reconoció la necesidad de avanzar en herramientas de conservación.
Pero, por otra parte, admitió que existe una fuerte desconfianza del sector hacia cualquier esquema de control estatal. “Nadie duda de que hay que cuidar el suelo”, afirmó, aunque remarcó que el principal desafío será convencer a los productores de que la ley no representa “una invasión” ni una nueva carga administrativa.
Mientras tanto, el debate continúa escalando y promete convertirse en uno de los temas más sensibles de la agenda agropecuaria bonaerense. Entre la necesidad de preservar uno de los recursos estratégicos del país y el temor a mayores controles e impuestos, el campo vuelve a quedar en el centro de una discusión donde se mezclan ambiente, producción, política y desconfianza histórica hacia el Estado.
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