Desde hoy rige un nuevo aumento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires y, lejos de tratarse de un ajuste menor, la suba vuelve a encender un debate que combina recaudación, seguridad vial, estado de las rutas y un sistema cada vez más cuestionado por amplios sectores de la sociedad.
El incremento impacta de lleno en los bolsillos de miles de bonaerenses que necesitan su vehículo para trabajar o trasladarse, especialmente en el interior provincial y en la región SO, donde el auto dejó hace tiempo de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica ante la falta de transporte público eficiente.
Un trámite obligatorio cada vez más caro
Con el nuevo cuadro tarifario, la VTV para autos particulares roza valores que para muchas familias resultan difíciles de afrontar. El aumento se suma a una larga lista de costos asociados al mantenimiento vehicular —combustibles, seguros, patentes y repuestos— en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo.
Desde el Gobierno provincial se insiste en que la actualización responde a la estructura de costos del sistema y a los salarios del personal que realiza las inspecciones. Sin embargo, para buena parte de los usuarios, el argumento resulta insuficiente frente a una realidad cotidiana donde el trámite se percibe más como una obligación recaudatoria que como una política efectiva de seguridad vial.
Rutas deterioradas y un foco mal puesto
Uno de los principales cuestionamientos al sistema de la VTV surge al contrastar su rigor con el estado de las rutas provinciales. En la región SO bonaerense —y en numerosos corredores del interior— el deterioro del pavimento, la falta de señalización y la escasa iluminación son moneda corriente.
Especialistas y dirigentes opositores coinciden en que las fallas mecánicas no figuran entre las principales causas de los siniestros viales, muy por detrás de factores como el mal estado de los caminos, la imprudencia al volante o la ausencia de controles efectivos. Bajo esa mirada, la VTV termina funcionando como un control exhaustivo sobre el ciudadano, mientras el Estado no logra garantizar condiciones mínimas de infraestructura.
Millonarios ingresos y un destino poco claro
La polémica se profundiza al analizar el volumen de recursos que genera la VTV. Se trata de una recaudación millonaria y sostenida, año tras año, que no tiene una correspondencia visible en obras viales, mejoras en rutas o políticas integrales de seguridad.
Buena parte del sistema está en manos de empresas concesionarias privadas, lo que alimenta la percepción de un “negociado” detrás del esquema actual. Aunque la Provincia recibe una porción de esos fondos, persisten los interrogantes sobre cuánto se recauda realmente, cuánto queda en manos privadas y qué porcentaje vuelve a la sociedad en forma de inversión concreta.
La falta de transparencia y de información accesible refuerza la idea de que la VTV se transformó en un negocio estable, blindado por la obligatoriedad, más que en una herramienta pública al servicio del interés general.
El proyecto de De Leo y el debate que se abre
En este contexto, el diputado provincial Andrés De Leo anunció la presentación de un proyecto para eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa no solo cuestiona la eficacia del sistema en términos de seguridad vial, sino que pone el foco en su impacto económico y en la ausencia de resultados visibles.
De Leo sostiene que la VTV “no salva vidas” y que el dinero recaudado debería destinarse a mejorar rutas, fortalecer controles de tránsito y desarrollar políticas de prevención más efectivas. Su propuesta, aunque resistida por el oficialismo, reabre una discusión que atraviesa a millones de automovilistas.
¿Control o caja?
El nuevo aumento deja al descubierto una pregunta de fondo: ¿la VTV es una política de seguridad vial o una caja recaudatoria difícil de justificar?. Mientras el Estado exige vehículos en perfecto estado, las rutas siguen mostrando falencias estructurales que multiplican los riesgos.
La discusión ya no pasa solo por el monto de la tarifa, sino por el sentido mismo del sistema. En una provincia donde circular es cada vez más caro y peligroso, el debate sobre la VTV se convierte en un símbolo de una relación tensa entre el ciudadano y un Estado que controla con firmeza, pero responde con lentitud a las demandas básicas de infraestructura y seguridad.
El proyecto para eliminarla abre un escenario político que promete controversia, pero también la oportunidad de repensar si el camino elegido hasta ahora es el correcto o si, detrás del discurso de la seguridad vial, se consolidó un negocio que pocos están dispuestos a transparentar.
