El acceso a una vivienda en alquiler podría tener una nueva herramienta de alivio en la provincia de Buenos Aires. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó al gobernador Axel Kicillof un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a determinados sectores de ingresos medios y bajos. La iniciativa apunta a reducir los gastos que deben afrontarse antes de ingresar a una propiedad.
La propuesta fue expuesta durante una reunión realizada el jueves 1 de octubre, en la que también se abordó una Cuenta Recaudadora para inmobiliarias, desarrollada junto con ARBA y Banco Provincia. Participaron Luis Colao, presidente de Martilleros BA; Cristian Girard, titular de ARBA; Alfredo Lavalle, vicepresidente de la entidad, y José María Sacco, secretario de Relaciones Institucionales.
El proyecto había sido acercado días antes a la Legislatura bonaerense, durante una reunión con el diputado de Fuerza Patria Héctor Rubén Eslaiman, para su análisis y eventual tratamiento parlamentario. Según Página/12, también participó el legislador Avelino Zurro. La iniciativa requiere desarrollo técnico y legal y no constituye un beneficio vigente: su aplicación dependerá del recorrido institucional y de una eventual aprobación legislativa.
El régimen propone que el alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20, por 48 horas semanales, de la Administración Pública provincial, según la Ley 10.430. La segmentación busca concentrar los beneficios en hogares con mayores dificultades para afrontar los gastos de ingreso. Cadena Nueve informó que, con valores de agosto de 2026, esa referencia equivalía a $388.050.
Entre las medidas previstas, los honorarios de martilleros y corredores por la intermediación serían pagados por los propietarios, según las escalas arancelarias. También se propone que los informes del Registro de la Propiedad Inmueble no tengan costo para los inquilinos alcanzados y revisar el límite de valuación fiscal para acceder a la exención del Impuesto de Sellos. Son cambios proyectados y no beneficios que puedan reclamarse actualmente.
El texto contempla facilitar el acceso a los servicios: para solicitar las prestaciones bastaría con presentar el contrato de alquiler, y las certificaciones serían gratuitas para quienes queden incluidos. Las empresas proveedoras tampoco cobrarían conexión, reconexión, depósitos, cambio de titularidad ni otros cargos asociados. El objetivo es reducir desembolsos que se acumulan al comienzo del contrato, junto con el primer mes y las garantías.
El esquema incorpora incentivos para propietarios que ofrezcan viviendas comprendidas en el régimen, mediante un sistema especial de simplificación y beneficios fiscales. También invita a los municipios a adherir con exenciones de tasas y derechos. La propuesta procura repartir esfuerzos entre el Estado, los locadores y los profesionales, para facilitar el ingreso al mercado de alquileres de sectores con menores recursos.
“La palabra clave es la segmentación”, sostuvo Luis Colao, según declaraciones recogidas por Página/12 y Radio Provincia. El dirigente señaló que no corresponde tratar de igual manera a hogares con recursos muy distintos y afirmó que el déficit habitacional es una responsabilidad estatal, aunque consideró que la cooperación entre el Estado, propietarios y profesionales puede ayudar a los sectores de menores ingresos.
El planteo convive con otras iniciativas legislativas sobre el costo de alquilar. Según La Tecla, una propuesta impulsada por la senadora Mónica Macha, con respaldo de Inquilinos Agrupados, busca que la comisión inmobiliaria en alquileres de vivienda sea pagada exclusivamente por el propietario y que el inquilino no afronte gastos de intermediación o administración. Ambas propuestas discuten quién asume los costos iniciales, aunque plantean mecanismos diferentes.
El debate vuelve a poner el foco en una dificultad concreta: reunir el dinero necesario para entrar a una vivienda, además de poder sostener el pago mensual. El Régimen de Alquiler Social propone intervenir sobre esos gastos para un segmento definido, pero no resolvería por sí solo los problemas de ingresos, oferta y acceso habitacional. Su alcance real dependerá de cómo se redacte, qué apoyos reúna y si finalmente se convierte en ley.
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