Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas, convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA). La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y responde a un reclamo por la recomposición de honorarios y el deterioro de los ingresos profesionales.
Durante las tres jornadas, los prestadores que adhieren suspenderán los turnos programados, que deberán ser reprogramados una vez finalizada la protesta. La organización informó que se mantendrá la atención de urgencias y de las situaciones que, según el criterio médico, requieran una intervención inmediata. También continuará la prescripción de medicamentos para tratamientos indispensables.
El conflicto alcanza a distintas localidades bonaerenses, entre ellas Tandil, Olavarría y Coronel Rosales. En esas ciudades, los profesionales advirtieron que los valores vigentes ya no permiten sostener consultorios, pagar alquileres, afrontar servicios, incorporar personal ni reponer insumos necesarios para atender a una población mayor que requiere seguimiento permanente.
El eje de la disputa es la Resolución 1107/2026 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, publicada el 9 de abril. La norma aprobó modificaciones al nomenclador, unificó el esquema para médicos de cabecera y estableció un nuevo valor de cápita con vigencia desde el mes prestacional de abril.
La resolución oficial sostiene que el sistema debe conservar un modelo mixto, que combine el pago capitado con la remuneración por determinadas prestaciones. Sin embargo, el anexo incorporó la primera consulta anual de control y la consulta clínica presencial dentro de la cápita, mientras mantuvo como pagos específicos la atención domiciliaria y la asistencia a afiliados fuera de cápita.
En su anexo económico, la norma fijó en 2.100 pesos el valor mensual de la cápita para médicos de cabecera. También contempló adicionales regionales del 20% para la Patagonia Norte y del 40% para la Patagonia Sur. La cifra y la estructura del pago son cuestionadas por APPAMIA, que sostiene que no compensan la carga de trabajo ni los costos reales de funcionamiento.
Según los profesionales, el cambio eliminó la consulta presencial como concepto separado y trasladó esa actividad al pago capitado. En la práctica, denuncian, el ingreso dejó de reflejar la cantidad de consultas realizadas y pasó a depender principalmente del número de afiliados asignados, aun cuando la demanda y las tareas administrativas continúan creciendo.
La entidad gremial afirma que las modificaciones provocaron una fuerte caída de los ingresos. Sus cálculos ubican el descenso, de manera aproximada, entre 2,1 millones y 1,4 millones de pesos mensuales, aunque reconocen que el impacto varía según la cantidad de afiliados, la zona, la estructura del consultorio y el volumen de prestaciones.
El PAMI, por su parte, presentó el nuevo esquema como una actualización del nomenclador y un incremento del valor de la cápita. En una propuesta posterior, según informó Elonce, el organismo habría planteado elevar el monto a 3.000 pesos por paciente y por mes. APPAMIA consideró que esa cifra seguía siendo insuficiente para revertir la pérdida denunciada.
La diferencia entre ambas miradas explica buena parte del conflicto. Para el Instituto, el pago capitado simplifica la administración y reconoce la atención integral. Para los prestadores, incorporar la consulta presencial dentro de la cápita transforma una tarea concreta en una obligación de monto fijo, sin considerar cuántos pacientes concurren ni cuánto cuesta mantener abierto el consultorio.
En declaraciones difundidas desde Tandil, el representante de APPAMIA Pablo Gorini cuestionó que los profesionales continúen percibiendo valores que no acompañan la inflación ni los costos operativos. El reclamo incluye alquileres, servicios, sueldos, insumos médicos, sistemas informáticos, equipamiento y la carga administrativa vinculada con cada afiliado.
La protesta también fue respaldada por profesionales de Olavarría, quienes plantearon el conflicto desde el impacto que puede tener sobre los adultos mayores. “¿Quién cuida a las personas mayores cuando PAMI no responde?”, preguntaron en una carta abierta. El interrogante resume el temor del sector: que la crisis de los consultorios termine reduciendo la oferta disponible.
La medida no implica una interrupción absoluta de la atención. APPAMIA informó que sus profesionales atenderán patologías que requieran asistencia inmediata e impostergable, además de emitir recetas para medicamentos indispensables de tratamientos continuos. La atención habitual, en cambio, queda suspendida durante el paro en los consultorios adheridos.
Uno de los puntos más sensibles es la emisión de Órdenes Médicas Electrónicas. Durante la medida, los profesionales de APPAMIA no emitirán esas órdenes, por lo que los afiliados que necesiten determinadas prestaciones deberán recurrir al servicio de emergencias del PAMI, según las indicaciones difundidas por la organización.
Los pacientes con turnos programados deberán comunicarse con sus médicos de cabecera u odontólogos para conocer la nueva fecha. La reprogramación dependerá de cada consultorio y de la capacidad de absorber la demanda acumulada una vez concluido el paro. El impacto, por lo tanto, puede extenderse más allá de las 72 horas formales.
APPAMIA notificó la medida a las autoridades del PAMI y al Ministerio de Capital Humano, luego de que las reuniones de negociación no permitieran alcanzar un acuerdo. La entidad reclama una recomposición de honorarios, reglas previsibles y una revisión del esquema que permita sostener la permanencia de los profesionales en el primer nivel de atención.
El conflicto no es nuevo. Durante abril ya se había registrado otra medida de fuerza vinculada con la misma resolución, que los médicos calificaron como un recorte de ingresos. Desde entonces, las partes mantuvieron conversaciones, pero las propuestas oficiales fueron consideradas insuficientes por los representantes de los prestadores.
Para APPAMIA, el problema excede el monto de una consulta. La organización sostiene que el sistema amenaza la continuidad de los consultorios y puede profundizar la salida de profesionales, especialmente en localidades donde resulta difícil reemplazar a un médico de cabecera. En ese escenario, los afiliados quedarían con menos opciones y mayores demoras.
El PAMI enfrenta así una tensión entre la necesidad de ordenar sus pagos y la obligación de garantizar una atención accesible. La Resolución 1107/2026 buscó unificar criterios y priorizar las prestaciones incluidas en la cápita, pero la implementación abrió una disputa sobre quién debe absorber el aumento de los costos y cómo se remunera el trabajo cotidiano.
“Ya no podemos seguir así”, expresaron los profesionales, que niegan querer abandonar a los jubilados y pensionados. Su reclamo apunta a conseguir ingresos que permitan continuar atendiendo, sostener equipos y mantener consultorios abiertos. Si no se retoma la discusión, APPAMIA advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza después del viernes.
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