La siniestralidad vial volvió a dejar una cifra difícil de relativizar en la provincia de Buenos Aires. Durante julio de 2026, 63 personas murieron en 51 siniestros ocurridos en 35 municipios, según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE). El registro implica un aumento del 28% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 49 víctimas.
El dato equivale a un promedio de aproximadamente dos muertes por día. Si se consideran junio y julio en conjunto, el relevamiento contabilizó 112 víctimas fatales. La tendencia merece atención, aunque debe aclararse que se trata de una medición de un organismo privado y no de la estadística oficial definitiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La distribución territorial también expone una realidad heterogénea. La Plata encabezó el registro de julio con 10 fallecidos, mientras que Luján sumó siete, todos correspondientes a un mismo siniestro. Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos contabilizaron tres víctimas cada uno, mientras varios distritos registraron dos o una muerte.
Entre los municipios con dos fallecidos aparece Coronel Suárez, junto con Berisso, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre. En un territorio tan extenso como el bonaerense, este dato obliga a mirar más allá de las grandes ciudades: la problemática también alcanza a comunidades intermedias, donde rutas, accesos y caminos son esenciales para la movilidad cotidiana.
Pero quizá el indicador más contundente sea el lugar donde ocurrieron las tragedias. Las rutas nacionales y provinciales concentraron 39 de las 63 víctimas, es decir, el 61,9%. En las nacionales murieron 22 personas en 18 siniestros y en las provinciales otras 17 en nueve hechos. El resto correspondió a calles, avenidas, barrios, pasos a nivel y otros sectores urbanos.
La diferencia entre cantidad de hechos y cantidad de víctimas también resulta significativa. Mientras las rutas provinciales registraron 17 fallecidos en nueve siniestros, en los sectores urbanos hubo 24 muertes distribuidas en 24 hechos. Es decir, determinados episodios ocurridos en rutas tuvieron consecuencias especialmente graves, algo que debería ser contemplado al definir controles, infraestructura y prevención.
El perfil de las víctimas muestra además una fuerte presencia masculina: 43 fueron varones y 20 mujeres. La edad promedio fue de 39,8 años, con un rango que fue desde los 10 hasta los 85 años. En cuanto al medio de movilidad, 43 víctimas estaban vinculadas con automóviles, 14 con motocicletas, cuatro eran peatones y dos ciclistas.
Los días de la semana también presentan diferencias. Los viernes concentraron 17 víctimas, mientras que domingos y jueves registraron 10 cada uno y los miércoles nueve. Martes y sábados tuvieron siete fallecidos cada uno, mientras que los lunes contabilizaron tres. Sin embargo, estos números por sí solos no permiten atribuir causalidad: para ello sería necesario conocer horarios, volumen de tránsito, condiciones climáticas y características de cada siniestro.
El 31 de julio fue la jornada con mayor cantidad de fallecimientos: ocho personas murieron en dos siniestros. Siete de ellas correspondieron al hecho ocurrido en Luján, lo que muestra hasta qué punto un único episodio de gran magnitud puede modificar las estadísticas mensuales. Por eso, además del número total, resulta indispensable analizar individualmente las circunstancias de cada tragedia.
Frente a este escenario, Pedro Perrotta, titular del ODE, planteó la necesidad de utilizar los datos para orientar las políticas de prevención. Según sus declaraciones, los controles deberían ser sostenidos, visibles y planificados a partir de los lugares, momentos y modalidades en que se producen los siniestros, acompañados por infraestructura segura y educación vial permanente.
El desafío, por lo tanto, no consiste solamente en contabilizar muertos después de cada mes. La verdadera discusión comienza antes: qué controles se realizan, dónde se realizan, qué infraestructura presentan las rutas, cómo se fiscalizan las conductas de riesgo y qué información utilizan las autoridades para intervenir. Si seis de cada diez muertes ocurren en rutas, ese dato debería formar parte central de cualquier estrategia de prevención.
Julio dejó 63 familias atravesadas por una pérdida y 112 víctimas acumuladas en apenas dos meses. Las estadísticas no explican por sí mismas por qué ocurre cada siniestro ni permiten responsabilizar automáticamente a conductores, infraestructura o autoridades. Pero sí señalan dónde mirar. Convertir esos números en investigación, prevención, fiscalización e infraestructura segura es el paso que puede evitar que el próximo informe vuelva a ser, simplemente, otra lista de muertos.
Fuentes consultadas: Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), declaraciones de Pedro Perrotta y relevamientos publicados por medios bonaerenses como DIB, Diario El Norte, LU24, La Voz de Tandil y El Marplatense. La información oficial nacional sobre siniestralidad fatal utiliza criterios propios y puede presentar diferencias respecto de relevamientos privados, por lo que las cifras deben compararse considerando metodología y período.
Sigue a ECOS en su canal de Whatsapp y no te pierdas todo lo nuevo que este sitio publica para ti todos los días. IR AL CANAL
ENCUESTA:
NOTA: Esta encuesta es libre y se preserva la identidad del votante. El sistema toma un voto por domicilio (dirección IP), para más votantes en un mismo hogar usar plan de datos móviles en el dispositivo.
SEGUÍ A ECOS EN SUS REDES:
SITIO WEB …
FACEBOOK …
WHATSAPP …
INSTAGRAM …
THREADS …
X -TWITTER …
