Kicillof en la mira por destinar más plata a campaña y ajustar más a los bonaerenses

También merece atención la posibilidad de que el esquema esté relacionado con ViBra Bonaerense, la plataforma audiovisual impulsada por la administración provincial. Medios que siguieron el expediente vincularon la contratación con una eventual reactivación de ese proyecto, aunque el pliego describe formalmente un servicio integral para producir y distribuir contenidos audiovisuales de las actividades gubernamentales. La relación debe distinguirse de una afirmación categórica sobre el destino final.

El problema de fondo, entonces, no reside simplemente en cuánto cuesta comunicar, sino en cuánto cuesta hacerlo y qué obtiene la sociedad a cambio. Si el Estado destina miles de millones a una estructura audiovisual, debería poder exhibir indicadores verificables: cantidad de producciones, alcance de las transmisiones, audiencia, costos por servicio, utilización efectiva del equipamiento y mecanismos que garanticen una separación inequívoca entre comunicación institucional y propaganda política.

La discusión adquiere todavía mayor importancia porque la comunicación pública utiliza fondos que provienen de los contribuyentes. En una administración que reclama mayores recursos para afrontar necesidades sociales, sanitarias, de seguridad e infraestructura, cada contratación de gran magnitud queda naturalmente sometida al escrutinio ciudadano. La pregunta no es si un gobierno debe comunicar, sino si puede justificar con transparencia cuánto destina, para qué lo hace y qué resultados obtiene.

El antecedente de la pauta oficial también aporta otro elemento para el debate. Un informe sobre la rendición correspondiente a 2024 del Tribunal de Cuentas bonaerense señaló una fuerte concentración entre los principales beneficiarios de la publicidad oficial. Según la información difundida sobre ese análisis, diez beneficiarios concentraron más de $16.205 millones, equivalentes al 65,07% del gasto examinado. Se trata de otro ámbito distinto, pero relevante para discutir controles.

La Provincia sostiene que buena parte de sus dificultades financieras responde al deterioro de las transferencias nacionales y al freno de obras financiadas por Nación. Ese argumento tiene elementos documentados, aunque las cifras sobre proyectos paralizados varían según la fuente y la metodología utilizada. Precisamente por eso, una discusión seria sobre prioridades exige evitar simplificaciones: ni todo problema provincial puede atribuirse a Nación ni toda contratación comunicacional puede considerarse, por sí sola, un despilfarro.

Lo que sí resulta indiscutible es que los $2.278 millones del presupuesto oficial colocan a esta contratación bajo una lupa especialmente exigente. Cuando se utilizan recursos públicos para transmitir la actividad de un gobierno, la transparencia no debería limitarse al procedimiento administrativo. También debería alcanzar los objetivos, los resultados, las audiencias alcanzadas y el costo efectivo de cada prestación. Sin esos datos, el debate sobre las prioridades queda abierto y difícilmente pueda cerrarse con consignas.

En definitiva, la licitación de Comunicación Pública abre una discusión legítima sobre el uso de los recursos bonaerenses en un momento de restricciones fiscales y demandas crecientes. La contratación puede ser defendida como una herramienta de comunicación institucional, pero también puede y debe ser examinada por su costo, alcance y utilidad pública. La respuesta no debería surgir de la propaganda de ningún lado, sino de expedientes accesibles, números completos y controles capaces de demostrar qué hace el Estado con cada peso.