La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo podrían verse comprometidos tras el vencimiento, el 1° de septiembre, del régimen que permitía compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo rural temporario registrado. El gremio reclama una definición urgente para evitar nuevos obstáculos a la formalización laboral.
El Decreto 514/2021 había sido creado para responder a una realidad frecuente en las economías regionales: trabajadores que aceptaban empleos temporarios podían perder beneficios necesarios para sostenerse durante el resto del año. La norma buscaba que acceder a un trabajo registrado no significara quedar desprotegido una vez finalizada la campaña productiva.
La disposición contemplaba contrataciones temporarias, permanentes discontinuas y de temporada. Además de garantizar un esquema de continuidad en las asignaciones familiares, su artículo 3° habilitaba la compatibilidad entre el empleo registrado y determinadas prestaciones sociales, incluyendo entonces Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, bajo las condiciones reglamentarias correspondientes.
UATRE, conducida por José Voytenco, había solicitado antes del vencimiento una nueva prórroga. Según informó la organización, el pedido fue formalizado el 18 de agosto mediante una carta enviada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sin embargo, el régimen expiró sin que, hasta el momento del vencimiento, se conociera una respuesta favorable al reclamo sindical.
La situación presenta, además, una diferencia jurídica relevante. La Ley 27.802 de Modernización Laboral incorporó en marzo de 2026 el artículo 34 bis a la Ley de Trabajo Agrario. Allí quedó garantizada la continuidad de las asignaciones familiares: al finalizar el empleo temporario, los trabajadores pasan automáticamente al régimen no contributivo que corresponda.
Pero la nueva legislación no reproduce expresamente el alcance que tenía el artículo 3° del Decreto 514/2021 respecto de otros planes y programas sociales y de empleo. Allí radica la preocupación de UATRE: mientras las asignaciones familiares cuentan ahora con respaldo legal específico, persiste la incertidumbre sobre la compatibilidad de otras prestaciones con el trabajo rural registrado.
Para las economías regionales, el problema excede una discusión administrativa. La actividad agrícola depende en numerosos casos de campañas y cosechas que requieren mano de obra durante períodos limitados. Si un trabajador teme perder ingresos sociales al incorporarse formalmente por pocos meses, podría volver a aparecer una disyuntiva que el decreto buscaba precisamente eliminar.
El debate vuelve así a poner en primer plano una contradicción histórica del mercado laboral rural: combatir la informalidad exige que el empleo registrado resulte conveniente y seguro para quien lo acepta. UATRE sostiene que, sin una definición que preserve esa compatibilidad, miles de familias y empleadores podrían enfrentar nuevamente un sistema donde trabajar formalmente y conservar protección social parezcan opciones difíciles de conciliar.
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