La actualización salarial para el personal de casas particulares vuelve a exhibir una contradicción que atraviesa al mundo del trabajo argentino: las normas pueden reconocer derechos y establecer pisos, pero esos pisos no siempre alcanzan para sostener una vida digna. Desde septiembre, las trabajadoras y trabajadores del sector recibirán un aumento del 1,8%, oficializado por la Resolución 6/2026. El nuevo cuadro rige en todo el país.
Para las tareas generales, la escala fijó un mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. En el caso de quienes cobran mensualmente, los valores parten de $480.247,85 y $529.261,78. Son cifras oficiales y obligatorias, pero la discusión comienza justamente después de leerlas: ¿qué puede comprar hoy un salario mínimo de esa magnitud? Esa es la pregunta que la escala no responde. Y es decisiva.
El problema no está en que exista una ley que proteja al personal de casas particulares. La Ley 26.844 significó un avance al reconocer un régimen especial para una actividad históricamente atravesada por la informalidad y la precariedad. El cuestionamiento aparece cuando la actualización de los salarios corre detrás de una economía cotidiana que cambia mucho más rápido que los papeles oficiales. Allí nace el debate.
La Resolución 6/2026 dispuso aumentos escalonados: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre. El esquema ofrece previsibilidad administrativa, pero no necesariamente tranquilidad económica. Una trabajadora no organiza su vida con porcentajes: organiza la comida, el alquiler, el transporte y las cuentas con dinero real. La vida diaria, en cambio, no espera.
También se acordó una suma no remunerativa por única vez de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas. El refuerzo puede representar un alivio momentáneo, pero difícilmente resuelva el problema de fondo.
Cuando una economía obliga a celebrar bonos excepcionales para compensar ingresos insuficientes, la discusión debería dejar de ser cuánto aumenta el salario y pasar a preguntarse cuánto vale realmente trabajar.
Aquí aparece una de las grandes deudas del sistema. El personal de casas particulares trabaja, en muchos casos, por pocas horas y para distintos empleadores. Esa fragmentación hace que un aumento porcentual parezca importante en una resolución, pero resulte mínimo al multiplicarlo por jornadas reducidas. La ley reconoce la relación laboral, aunque la realidad económica no siempre reconoce el costo de vivir.
Resulta paradójico que una actividad indispensable para el funcionamiento de miles de hogares continúe ocupando un lugar secundario en la discusión salarial. Limpiar, cocinar, cuidar niños, acompañar adultos mayores y sostener una casa son tareas esenciales. Sin embargo, quienes las realizan suelen quedar atrapados entre salarios mínimos bajos, empleo parcial e informalidad que todavía persiste en el sector.
La crítica, entonces, no debería dirigirse contra la existencia de derechos laborales, sino contra la distancia entre esos derechos y la realidad. Una legislación laboral pierde eficacia cuando sus mecanismos de actualización no dialogan con la velocidad de los precios y las necesidades básicas. Tener un salario legalmente establecido es fundamental; poder vivir con ese salario debería ser el verdadero objetivo de cualquier política laboral.
La nueva escala de septiembre deja una reflexión incómoda: no alcanza con anunciar aumentos si cada incremento obliga a volver a calcular cuánto se puede comprar. El desafío es construir reglas que protejan al trabajador en el expediente y también en el supermercado. Porque una ley puede estar vigente, una escala puede estar publicada y un salario puede ser legal. Pero nada de eso garantiza, por sí solo, que alcance para vivir.
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