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U$S 3.000 millones destinados a rutas fueron utilizados para contener el déficit

El Gobierno de Javier Milei acumuló durante sus primeros dos años de gestión un volumen de recursos fiduciarios que vuelve a poner bajo la lupa la estrategia del déficit cero. Según un relevamiento basado en balances, planillas presupuestarias e informes oficiales, los fondos recaudaron más de $8,2 billones y terminaron acumulando excedentes cercanos a US$3.000 millones, mientras una parte de las obras previstas quedó postergada.

Los fideicomisos fueron creados para administrar recursos con destinos determinados: infraestructura vial, vivienda, saneamiento y urbanización. Sin embargo, la ejecución mostró que una porción significativa del dinero no llegó a transformarse en obras. Los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto permiten observar diferencias entre los recursos disponibles y los gastos efectivamente realizados, en un esquema donde el ahorro ganó protagonismo.

En 2024, el conjunto analizado registró un superávit financiero de $1,86 billones, equivalente a unos US$1.978 millones al tipo de cambio oficial promedio de ese año. En 2025, el excedente fue de $1,23 billones, unos US$973 millones. La acumulación de saldos coincide con una política fiscal que privilegió preservar el equilibrio financiero y reducir el gasto público, incluso cuando existían recursos afectados a finalidades específicas.

El cambio también se advierte en la administración de los activos. Los excedentes que podían permanecer en plazos fijos del Banco Nación comenzaron a orientarse hacia letras, bonos y otros títulos del Tesoro.

Para 2026, las planillas presupuestarias contemplan colocaciones financieras por alrededor de $1,33 billones. Así, dinero previsto para determinados fondos permanece invertido mientras espera una definición sobre su utilización.

El caso más sensible aparece en el Fondo de Integración Socio Urbana. De acuerdo con el relevamiento difundido este domingo, las transferencias se redujeron 94%, situación que habría dejado paralizados 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares. El dato expone la tensión entre el ahorro fiscal y las inversiones con impacto directo sobre la vida cotidiana de miles de familias.

Una dinámica similar se observa en fondos vinculados con el transporte y la infraestructura hídrica. La documentación oficial confirma que los fideicomisos constituyen un componente relevante de la administración financiera nacional y manejan recursos destinados a obras y programas específicos. La discusión, por lo tanto, no se limita al tamaño del superávit: también alcanza a qué se hace con el dinero y cuándo llega a su destino.

El Gobierno sostiene como prioridad la preservación del equilibrio fiscal, una de las banderas centrales de la gestión de Milei. El debate que surge de estos números es diferente: si los recursos fueron creados para financiar infraestructura, ¿hasta qué punto resulta razonable acumularlos o colocarlos en deuda pública en lugar de ejecutar los proyectos? La respuesta definirá cuánto del ajuste se transforma en solvencia y cuánto, en obras.

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