“Todo impuesto debe salir de lo superfluo, y no de lo necesario”. La frase atribuida a Gaspar Melchor de Jovellanos no nació como una consigna política contemporánea, sino dentro de su Informe sobre la Ley Agraria, publicado originalmente a fines del siglo XVIII. Allí defendía un principio de economía y equidad: gravar aquello que excede la subsistencia antes que aquello indispensable para vivir.
Jovellanos advertía que quitar recursos de la subsistencia necesaria podía provocar la ruina de una familia y, paradójicamente, terminar perjudicando también al propio Estado. Su razonamiento iba más allá de cuánto recaudar: preguntaba de dónde obtener los recursos sin destruir las condiciones que permiten producir, consumir, trabajar y sostener una comunidad. Esa mirada conserva una sorprendente actualidad.
La discusión resulta particularmente interesante en Argentina, donde el debate tributario suele reducirse a dos posiciones enfrentadas: quienes consideran que los impuestos son indispensables para financiar al Estado y quienes los ven como una carga que desalienta la producción. Ambas afirmaciones contienen una parte de verdad. El problema comienza cuando se discute cuánto recaudar sin preguntar simultáneamente quién soporta la carga y qué consecuencias produce esa forma de recaudar.
Los datos oficiales muestran la magnitud del sistema. En mayo de 2026, los recursos tributarios alcanzaron $23,8 billones, con el IVA neto aportando $5,38 billones y Ganancias $8,02 billones. El Estado también recibió importantes recursos provenientes de los impuestos al cheque, la seguridad social y otros tributos. La pregunta no debería ser solamente cuánto ingresa, sino qué estructura económica termina sosteniendo semejante recaudación.
El IVA merece especial atención porque grava el consumo y, por esa característica, alcanza tanto a quien compra por necesidad como a quien consume por elección. Estudios de la CEPAL sobre Argentina han señalado históricamente que los impuestos indirectos pueden tener efectos regresivos, porque los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos al consumo. Es precisamente el tipo de problema que la reflexión de Jovellanos invita a considerar.
Esto no significa que todo impuesto al consumo sea injusto ni que el Estado pueda prescindir de ellos. Un sistema tributario necesita recaudar para financiar justicia, seguridad, educación, infraestructura, salud y políticas sociales. La cuestión esencial es otra: que la necesidad de obtener recursos no termine deteriorando justamente aquello que el Estado pretende proteger. Cuando el impuesto reduce la capacidad de una familia para alimentarse o de una empresa para invertir, la recaudación puede transformarse en un problema.
También existe una segunda enseñanza en Jovellanos: no alcanza con mirar únicamente al contribuyente. En su análisis de los impuestos sobre productos agrícolas, observaba cómo una misma mercancía podía ser gravada repetidamente durante su producción y circulación. La advertencia resulta moderna: una carga aparentemente moderada puede volverse pesada cuando se acumula en diferentes etapas y termina incorporándose al precio que paga el consumidor.
En Argentina, además, la cuestión tributaria convive con un objetivo fiscal prioritario. Durante el primer semestre de 2026, el Sector Público Nacional acumuló, según el Gobierno, un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,1% del PIB. La Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando la metodología de ejecución devengada, registró para el mismo período un superávit primario de $8,7 billones y un resultado financiero negativo de $0,7 billones. Las cifras muestran que la discusión fiscal continúa abierta.
El equilibrio de las cuentas públicas es importante. Un Estado que gasta permanentemente más de lo que recauda termina recurriendo a deuda, emisión o nuevos impuestos, mecanismos que pueden trasladar el costo hacia el futuro. Pero alcanzar el equilibrio tampoco debería convertirse en una justificación automática para aumentar cualquier impuesto. La verdadera dificultad consiste en compatibilizar solvencia fiscal, crecimiento económico y una distribución razonable de las cargas.
Jovellanos tampoco proponía simplemente “cobrarle al rico”. Su principio era más profundo: el impuesto debía recaer sobre el superfluo y preservar el necesario. Eso obliga a pensar qué significa hoy lo necesario. Para una familia puede ser alimentación, vivienda, energía, transporte y educación; para una pequeña empresa, capital de trabajo, salarios, insumos, crédito e inversión. Gravar indiscriminadamente puede terminar afectando la capacidad futura de generar riqueza.
Hay además una cuestión que suele quedar fuera de la discusión: el gasto. Si se reclama que los impuestos no recaigan sobre lo necesario, también debería preguntarse qué parte de los recursos públicos resulta verdaderamente indispensable y cuál podría ser considerada superflua. La reflexión de Jovellanos puede aplicarse en ambas direcciones: el ciudadano tiene derecho a exigir un sistema tributario justo, pero también un Estado que utilice con responsabilidad aquello que recauda.
Por eso, la frase pronunciada hace más de dos siglos conserva vigencia no porque ofrezca una receta sencilla, sino porque plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para obtener recursos sin debilitar las bases económicas y sociales que generan esos mismos recursos? Un buen sistema tributario no debería perseguir simplemente al que tiene dinero, sino distinguir entre riqueza productiva, consumo indispensable y verdadera capacidad contributiva.
Quizás allí se encuentre la vigencia más profunda de Jovellanos. Los impuestos son necesarios, pero no son gratuitos: alguien siempre los paga, ya sea mediante menores ingresos, precios más altos, menores inversiones o menor rentabilidad. Por eso la discusión madura no debería plantearse como “impuestos sí” o “impuestos no”, sino como una pregunta mucho más exigente: qué se recauda, de quién, cuánto, para qué y con qué consecuencias.
En tiempos en que la política económica vuelve a debatirse entre ajuste, crecimiento, presión tributaria y reducción del gasto, aquella vieja advertencia merece ser leída sin banderas partidarias. Porque si el impuesto termina quitando lo necesario para sostener una familia, producir un bien o mantener un empleo, puede ocurrir una paradoja: el Estado obtiene hoy un recurso que mañana contribuirá a reducir la riqueza sobre la cual necesita seguir recaudando. Y esa es una cuenta que ninguna sociedad debería ignorar.
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