Un conflicto entre los municipios de Tandil y Azul derivó en una denuncia penal luego de que una familia de 11 integrantes, entre ellos cinco menores, fuera encontrada durante la noche del jueves en la estación ferroviaria de Tandil. El grupo había llegado desde Azul en una combi municipal. La situación activó el protocolo local para personas en situación de calle y abrió una investigación para determinar cómo se produjo el traslado.
Según la reconstrucción difundida por medios locales, una trabajadora social de Desarrollo Social y Hábitat de Tandil acudió a la estación luego de que se activara el protocolo de emergencia. Los integrantes de la familia manifestaron que habían sido trasladados desde Azul con la expectativa de recibir alojamiento y asistencia. Desde Tandil señalaron que no existió una comunicación previa para coordinar la llegada ni la atención de los menores.
La versión recogida en Tandil sostiene además que el padre de familia habría señalado que les habían indicado que serían recibidos en la ciudad con alojamiento y asistencia. El grupo, siempre según ese relato, llegó sin abrigo y después de varias horas sin comer. Ante esa situación, el Municipio dispuso alojamiento en espacios municipales y la Policía intervino para que los integrantes realizaran una exposición sobre lo ocurrido.
El episodio adquirió dimensión judicial a partir de la presentación efectuada por el concejal radical de Azul Agustín Puyou ante el fiscal Ignacio Calonje, de la Unidad Funcional de Violencia Institucional. La denuncia apunta contra el intendente Nelson Sombra y funcionarios municipales por posibles delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, con el agravante de involucrar a menores.
Puyou sostiene que la familia ya se encontraba bajo asistencia municipal y que estaba contemplada en un proceso de relocalización por las condiciones del asentamiento conocido como Los Piletones. La problemática habitacional de ese sector está documentada: el lugar presenta contaminación con cromo por su pasado industrial y la Provincia acordó en 2025 con el Municipio de Azul la construcción de 12 módulos habitacionales para relocalizar familias.
De acuerdo con la denuncia, el conflicto se había agravado el lunes 10 de agosto, cuando una mujer del grupo habría denunciado violencia vecinal y mostrado lesiones. A partir de entonces se habría solicitado la intervención de distintas áreas municipales y custodia policial para resguardar a la familia. Tres días después, el jueves 13, se concretó el traslado hacia Tandil, según el relato presentado por el concejal ante la Justicia.
El propio Puyou afirmó que se encontraba en dependencias municipales intentando encontrar una solución cuando la familia fue trasladada. Cerca de las 22:40 recibió un audio en el que uno de sus integrantes le comunicó que habían sido dejados en la estación ferroviaria de Tandil. Luego, según su relato, envió registros a funcionarios municipales y recibió desde Tandil la confirmación de que el grupo había llegado y necesitaba asistencia.
Desde el Municipio de Tandil remarcaron que las cámaras de seguridad permitieron corroborar que la familia había arribado en una combi perteneciente a la Municipalidad de Azul. Según Tandil, el grupo atravesaba una situación de vulnerabilidad que requería seguimiento. La investigación ahora procura determinar quién ordenó el viaje, bajo qué condiciones y cuál era el destino efectivamente acordado.
El Municipio de Azul, en cambio, rechaza la acusación de abandono y sostiene que el traslado respondió a un pedido de la propia familia. Fuentes de la administración de Sombra señalaron que los integrantes habían manifestado tener una posibilidad laboral y alojamiento en Tandil y que solicitaron viajar con urgencia porque tenían todo preparado para instalarse allí. También aseguraron que hubo acompañamiento profesional y consentimiento.
Las dos administraciones mantienen versiones contrapuestas sobre un mismo hecho. Tandil afirma que recibió de noche a una familia vulnerable que había sido dejada en una estación sin coordinación previa, mientras Azul sostiene que cumplió con una solicitud expresa y que los viajeros conocían el destino al que se dirigían. La Justicia deberá establecer qué información recibió la familia y qué compromiso existía.
El trasfondo habitacional agrega complejidad al caso. En enero de 2025, la Provincia informó que había acordado con el intendente Nelson Sombra la construcción de 12 viviendas para familias de Los Piletones, asentamiento ubicado en terrenos de la excurtiembre Piazza, afectado por contaminación del suelo. El Concejo de Azul también declaró de interés público la relocalización de 20 familias. La medida busca resolver una situación habitacional.
Más allá de la disputa política entre los gobiernos de Sombra y Lunghi, el episodio dejó planteado un interrogante institucional: cómo una familia integrada por 11 personas, cinco de ellas menores, terminó en otra ciudad y requirió la intervención de un municipio que, según sus autoridades, no había sido avisado. La investigación penal deberá determinar las responsabilidades y establecer si hubo abandono, una decisión acordada o una falla institucional.
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